La Consejería de Fomento y Medio Ambiente elabora un mapa de redes de acceso ultrarrápido a banda ancha que marcará el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones hasta 2020. El estudio delimitará las poblaciones que van a disponer en los próximos tres años de conexiones de nueva generación, con velocidades superiores a los 30 megabit por segundo (Mbps), para centrar las actuaciones en las zonas donde los operadores no encuentran la rentabilidad suficiente para realizar inversiones.
El departamento de Antonio Silván está definiendo el nuevo Plan de Inversiones en Infraestructuras de Telecomunicaciones (2013-2020) para Castilla y León. Para ello, pretende contar con un mapa detallado sobre la disponibilidad de redes de banda ancha de velocidad elevada para que identificar las zonas “negras” y “grises”, que contarán en 2016, con estos servicios, y las “blancas”, donde la Junta pretende acometer actuaciones o fomentar su ejecución.
Fomento se marca un nuevo reto tras alcanzar la universalización de la banda ancha en la Comunidad, adelantándose un año a los plazos fijados en la Agenda Digital Europea. Para ello, la Junta optó por una solución que combina varias tecnologías terrestres, con el servicio a través de satélite para las zonas menos pobladas y dispersas. Ahora, la Consejería pretende mejorar la velocidad y la calidad de los accesos, tras concluir el Plan de Banda Ancha Rural 2010-2013, que junto a los dos anteriores movilizó 83 millones, de los que la Junta aportó 42,9.
El nuevo Mapa de Telecomunicaciones de Castilla y León se trazará mediante una consulta pública a los operadores, que han tenido un mes para trasladar sus planes a la Junta, atendiendo a las normas de Europa sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha. Fomento ha cerrado ya el proceso de participación y está recopilando los datos para conformar una radiografía de la situación de la Comunidad, en línea con la Agenda Digital para Europa, impulsada en el marco de la estrategia Europa 2020, y con la Agenda Digital para España, promovida por los ministerios de Industria, Energía y Turismo y Hacienda y Administraciones Públicas.
Aunque el remitente de la información (operadores, administraciones públicas y otros agentes) debe identificarse, los datos aportados son confidenciales. Fomento aplica la clasificación establecida por Europa para distinguir entre zonas “negras”, aquellas que dispondrán del servicio con dos o más operadores y en las que las administraciones no podrán actuar, según la normativa comunitaria; “grises”, con un sólo operador, la Junta prevé que tampoco se pueda financiar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones; y las “blancas”, que serán la diana del nuevo plan.
En junio, el Gobierno ha presentado el Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas que tiene como objetivo impulsar el despliegue de estas redes con medidas normativas que fomenten la oferta y el estimulen la demanda. Según la legislación vigente, el acceso a internet de banda ancha es un servicio de interés general que se presta en régimen de libre competencia, lo que implica que solamente se extiende por los operadores en aquellas zonas en las que es posible conseguir una rentabilidad.
Por otra parte, desde 2012, el Estado incorporó el servicio de acceso a Internet de banda ancha a un Mbps como parte del servicio universal de telecomunicaciones, garantizando el suministro de la conexión a la red a todos los usuarios que lo soliciten, independientemente de su localización geográfica.
Impacto económico
La conectividad mediante banda ancha tiene para la Junta una “importancia estratégica” ya que afecta al crecimiento y la innovación y a la cohesión social y territorial. Además, el Ejecutivo sostiene que la penetración de la banda ancha y el incremento de su velocidad contribuyen “significativamente” al crecimiento económico. Según un informe del Banco Mundial, en los países desarrollados, cada aumento del diez por ciento en la penetración de la banda ancha supone una subida del PIB (Producto Interior Bruto) del 1,21 por ciento.
También, el Gobierno autonómico recuerda que un estudio de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) muestra que duplicando la velocidad de banda ancha para una economía se incrementa el PIB en un 0,3 por ciento. Este informe recoge que duplicaciones adicionales de la velocidad pueden generar un crecimiento superior al 0,3 por ciento. Por ello, la Agenda Digital para Europa se propone que en 2020 todos los europeos tengan acceso a unas velocidades de internet de 30 Mbps y que al menos la mitad de los hogares estén abonados a conexiones superiores a 100 Mbps.
Penetración banda ancha
Castilla y León cuenta con unos 99.011 accesos instalados de fibra óptica, lo que representa el 5,5 por ciento del total, ya que dispone también de 928.617 de conexiones mediante el cable de par de cobre, 742.457 de tipo fibra híbrida coaxial (HFC), que suponen el 41,3 por ciento, siendo el total de accesos 1,79 millones. Además, cuenta con 583.632 líneas de banda ancha, 442.128 de tipo xDSL y 121.363 de cablemódem, según datos de 2012 de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT).
Por provincias, en Ávila se contabilizan 34.459 líneas de banda ancha; en Burgos, 86.609 líneas; en León, 110.165 líneas; en Palencia, 38.879 líneas; en Salamanca, 84.946 líneas; en Segovia, 39.454 líneas; en Soria, 19.676 líneas; en Valladolid, 136.346 líneas y, Zamora, 36.098 líneas.
De esta forma, por debajo del umbral autonómico de penetración de la banda ancha (líneas por cada 100 habitantes) se situaron las provincias de Ávila (18,9), León (23,1), Palencia (23,3), Soria (21,4) y Zamora (19,1). En el lado opuesto, se situaron Burgos (24,1), Salamanca (24,8), Segovia (24,8) y Valladolid (25,9), la única provincia que rebasa la media nacional (24,9).
También, la Comunidad presenta 23,5 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes, mientras en el conjunto nacional, el total alcanza el 24,9. De esta forma, en Castilla y León, Telefónica mantenía al cierre de 2012 una cuota de mercado del 51 por ciento, los operadores de cable, del 20,8 por ciento, y el resto, 28,2 por ciento.