El teniente de alcalde de Ponferrada, Emilio Cubelos, fue más concreto para el caso del consistorio de la capital berciana, donde "seguirá como hasta ahora", pero abre la puerta a un apoyo de la medida para el caso del Consejo, donde tendrían que atenderse las cuentas de 200 pedanías.
“El Ayuntamiento tiene una postura clara en ese tema. Hay un vacío legal y hasta que no se aclare lo suficiente, nosotros vamos a seguir manteniendo los mismos servicios.n Vamos a seguir como estábamos”, ha señalado Cubelos.
Otra escenario puede darse en el Consejo, donde el grupo Popular del presidente Alfonso Arias gobierna en minoría, y donde precisaría el voto de IAP, No adscritos o PSOE (o abstención de algún grupo) para sacar adelante la propuesta.
“Evidentemente, tendremos que plantear en profundidad nuestro punto de vista y nos pronunciaremos como se considere oportuno”.
La tasa
Se trataría de la misma tasa que ha aprobado el pleno de la Diputación este lunes y que asciende a 150 euros al año fijos más un 0,5% del presupuesto anual.
El objetivo, como explicó Alfonso Arias a este diario, pasa por evitar “un desfase que cada vez es mayor” en la atención administrativa a Juntas Vecinales.
En concreto “en un año hemos pasado de 60 a cerca de 200 pedanías en El Bierzo a las que prestamos este servicio”. Y hasta ahora el SAM (Servicio de Atención a Municipios) ya acumulaba un déficit de 100.000 € anuales.
Todo, después de que “la nueva ordenación de territorio determine que las juntas vecinales que no presenten la documentación correspondiente y cumplan con las obligaciones en materia presupuestaria ante Hacienda y el Tribunal de Cuentas, tienen que desaparecer.
Arias también cree conveniente “dado que es una competencia delegada de Diputación, no hacer diferencias entre pedanías de la provincia”, y es consciente que en esta institución el PP gobierna en minoría por lo que “habrá que buscar un consenso en su aplicación y adaptación a la Comarca” de la tasa.
Sólo estaría dispuesto a mantener el actual status, ia si la Junta asume el gasto que exige incrementar los medios materiales y humanos del servicio del SAM.