El juzgado de Cangas del Narcea ha imputado al empresario J. M. R, junto a su esposa A. M. R., su hijo A. R. y al director facultativo de la mina de Cerredo, J. A. F., por su presunta implicación en el accidente minero ocurrido en marzo, según ha adelantado La Nueva España, en el que murieron cinco mineros, cuatro de Laciana y uno del Bierzo.
Los cuatro están siendo investigados por cinco delitos de homicidio imprudente, cuatro delitos relacionados con lesiones y un delito contra los derechos laborales. La autoridad judicial ha decidido levantar el secreto sumarial y notificar formalmente las imputaciones a todas las partes involucradas. Asimismo, se ha ordenado el embargo preventivo de bienes valorados en 1.150.000 euros pertenecientes a los investigados.
La investigación apunta a que una explosión causada por gas grisú en el tercer nivel de la mina fue el origen del desastre. En ese momento, once mineros se encontraban trabajando dentro del túnel para extraer carbón, pese a que Blue Solving —empresa titular entonces— no contaba con autorización para realizar dicha actividad; su permiso solo abarcaba la retirada de chatarra y depósitos antiguos de mineral.
A pesar del proceso abierto ante la justicia, ninguno declaró durante la comisión parlamentaria asturiana creada para esclarecer las causas del accidente, acogiéndose a su derecho a no declarar.
Este suceso es considerado el accidente minero más grave del siglo en la zona. Posteriormente, en noviembre de 2025, se registró otro accidente mortal en una mina cercana en Cangas del Narcea (Vega de Rengos), donde fallecieron dos mineros por un hundimiento, uno local y otro también de Laciana.
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