El informe de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores en marzo de 2025, dibuja un escenario marcado por deficiencias en el control administrativo, falta de supervisión y actividad irregular en la explotación.
El documento, de más de 300 páginas y remitido a la Fiscalía, no determina la causa directa del siniestro, pero sí concluye que existía un contexto de fallos estructurales en la gestión minera que dificultó la prevención de riesgos y la detección de situaciones peligrosas.
La auditoría señala que los mecanismos de inspección no fueron eficaces. La administración no detectó a tiempo actividades no autorizadas, incluso en zonas donde posteriormente se produjeron accidentes mortales.
El informe describe una situación de inactividad administrativa, con expedientes sin resolver, denuncias sin tramitar y una supervisión insuficiente de la documentación presentada por las empresas, lo que debilitó el control sobre la explotación.
Uno de los puntos más relevantes del documento es la existencia de indicios claros de actividad extractiva bajo fórmulas administrativas que no se correspondían con la realidad. En concreto, se cuestiona el uso de los denominados proyectos de investigación, que en la práctica permitían la extracción de carbón.
Según el informe, estos mecanismos pudieron utilizarse para mantener actividad en explotaciones sujetas a planes de cierre, sin que la administración actuara con la contundencia necesaria ante señales evidentes de irregularidad. El análisis también pone el foco en problemas internos del propio Servicio de Minas, como la falta de coordinación, carencias organizativas y deficiencias en los sistemas de control. Estas debilidades se tradujeron en una supervisión insuficiente de las condiciones de seguridad en la mina, en un contexto en el que ya existían indicios previos de anomalías en la actividad.
El informe concluye que el accidente de Cerredo no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de un sistema que no supo detectar ni corregir irregularidades a tiempo.
En este sentido, el documento apunta a que la falta de control, la permisividad ante determinadas prácticas y la ausencia de una respuesta administrativa eficaz configuraron un escenario en el que la tragedia resultó difícil de evitar.
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