La Audiencia Provincial de León celebrará el próximo 23 de febrero a las 9:45 horas el juicio oral contra un hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, derivado del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Ponferrada
Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2022 cuando el procesado acudió al domicilio familiar con la excusa de devolver una cazadora, aunque su verdadera intención era dialogar sobre un incidente previo ocurrido el 31 de octubre con uno de los hijos menores. Tras ser rechazado por la víctima, sacó un cuchillo y amenazó con matarla si no le permitía ver a los niños. Posteriormente, atacó violentamente a la mujer propinándole múltiples puñaladas en cara, cabeza y extremidades, además intentó estrangularla sin éxito. La víctima sufrió graves lesiones físicas y psicológicas que requirieron atención médica y quirúrgica durante aproximadamente tres meses.
Entre las heridas se incluyen contusión craneal, hematomas periorbitarios, heridas incisas múltiples en diversas zonas del cuerpo, mordedura humana y sección completa del tendón extensor del segundo dedo izquierdo. Como secuelas permanecen artrosis postraumática y trastorno por estrés postraumático moderado.
En cuanto al acusado, se determinó que presentaba una discapacidad intelectual que le permitió comprender la ilicitud, pero no adaptar su conducta adecuadamente. Permaneció privado de libertad desde noviembre de 2022 hasta octubre del 2023.
El fiscal ha calificado los hechos como un delito tipificado en el artículo 138.1 del Código Penal referente al homicidio en grado tentativa e identifica al procesado como autor conforme a los artículos 27 y 28 del mismo código. Sin embargo, solicita su libre absolución debido a una eximente completa por anomalía o alteración psíquica recogida en el artículo 20.1º.
A propuesta fiscal, se impone una medida de seguridad consistente en internamiento en centro psiquiátrico por un máximo de seis años, junto con libertad vigilada que prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima, su esposo e hijos menores durante cuatro años, manteniendo una distancia mínima de doscientos metros respecto a sus domicilios o lugares habituales.
En materia civil se reclama una indemnización por valor total aproximado a 21.398 euros para cubrir daños físicos y psíquicos causados a la víctima, más intereses legales correspondientes.
Como pruebas para el juicio oral se incluyen interrogatorios al acusado y facilitador procesal; testificales; informes médicos forenses, tanto locales como externos; declaraciones grabadas; documentación digitalizada relacionada, así como otros instrumentos probatorios admitidos según ley.
Asimismo, se han solicitado medidas especiales para proteger a la víctima durante el proceso judicial mediante recursos técnicos audiovisuales que eviten confrontaciones directas con el acusado.
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