Según denuncia Izquierda Unida, la semana pasada, los Grupos Parlamentarios del PP y del PSOE, rechazaron debatir la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
En dicha PNL, se instaba a la Junta de Castilla y León a tomar una posición clara por la defensa del sector del carbón en la Comunidad, a suspender las subvenciones y ayudas al grupo empresarial de Victorino Alonso y a ordenar la apertura de una inspección y auditoría sobre la utilización de las subvenciones públicas durante los distintos Planes del Carbón por dicho grupo empresarial, para su tramitación ante la Comisión de Economía y Empleo.
Desde la formación política recuerdan los antecedentes que motivaron la presentación de esta PNL.
“En noviembre del año 2012, el Grupo Empresarial Alonso presentó un ERE para la plantilla de la empresa CMC de su sociedad de una duración de medio año para la plantilla de interior de Cerredo. Además, presentó a los trabajadores un documento según el cual se incumplirán el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Minero y todos los Convenios Colectivos firmados en las empresas CMC y UMINSA, estableciendo una rebaja media del 50 % de todos los salarios. Otros derechos básicos, como el de la ropa de trabajo, el derecho al transporte, sin casi remuneración por baja laboral, la pérdida de las vacaciones remuneradas al 100 %, el robo de las pagas extraordinarias conforman el panorama de la reforma laboral de Rajoy y la mentalidad esclavista de cierta patronal alimentada de subvenciones públicas.
El empresario Victorino Alonso, a quien en 1993 el Estado le regaló la extinta MSP, lleva veinte años obteniendo pingües ayudas del Estado y de la Junta, mientras se malvendían los bienes capitales, se fueron cancelando las explotaciones de interior, al tiempo que se abrían minas a cielo abierto con el destrozo medioambiental irreversible que suponen y en cuya recuperación ecológica la empresa de V. Alonso nunca invirtió un solo céntimo. Mientras tanto fue creando un entramado satélite en torno a la actividad minera que da servicio a Coto Minero Cantábrico y Uminsa. Estas empresas-satélite han sido las destinatarias de las ayudas oficiales recibidas, en un cúmulo de presuntas ilegalidades sobre las que ninguna administración ha ejercido nunca el menor control”.
En el mes de mayo, la Ejecutiva Provincial de IU León, a propuesta de sus asambleas comarcales de El Bierzo, Laciana y Montaña Central, aprobaba en su reunión ordinaria remitir a las direcciones de IUCyL y Federal una resolución para solicitar en el Parlamento Europeo una auditoría integral sobre los fondos públicos destinados tanto al llamado protocolo Eléctrico 1998-2005, como al Plan del Carbón 2006-2012 en Europa. Todo, para esclarecer el incumplimiento de estos planes.
Sin embargo, los votos en contra la pasada semana por parte de los parlamentarios populares y socialistas impidieron que desde las Cortes se instase a la Junta “a que se posicionara claramente “en defensa del sector del carbón en nuestra Comunidad, como sector de interés estratégico”, así como que “se suspenda toda la política de subvenciones y ayudas que viene prestando al Grupo Empresarial Alonso” y a que se ordenase, por parte de la Junta, la apertura de una inspección sobre la utilización de las subvenciones públicas desde la constitución del grupo empresarial de Victorino Alonso y a su denuncia ante la Fiscalía General si hubiera indicios de malversación por parte de dicha empresa”.
Así las cosas, desde IU esperan las explicaciones oportunas para saber por qué se ha votado en contra de esta petición. “Alguien tendrá que explicar que tienen que ocultar PP y PSOE para votar en contra, en las cortes de Castilla y León, de esta propuesta de Izquierda Unida pidiendo una auditoría de las ayudas recibidas por el Grupo Victorino Alonso”.