La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) pretende “abrir la brecha entre las clases sociales”, de ahí que desde Izquierda Unida se haga un llamamiento a la “insumisión total”, tanto por parte de la sociedad como de los grupos de las Cortes. El coordinador general de IU en la Comunidad, José María González, reconoció la “poca capacidad reglamentaria” del Grupo Mixto para impulsar que la Junta de Castilla y León sea una de las comunidades que rechace la aplicación de la Lomce, un paso “a posteriori”, aunque insistió en que el rechazo a esta ley será “total”.
A juicio de González, la Lomce pretende “abrir la brecha entre las clases sociales” y hacerlo “aún más” de lo que se está haciendo en la sociedad en materia económica, social y política. El secretario general de IU en Castilla y León recordó que en el año 2008 sólo el diez por ciento de los estudiantes que salían titulados de las Universidades “eran hijos de asalariados, autónomos o muy pequeños empresarios”, al ser un momento en el que había “una cierta asunción de boom económico”, que propició “igualdad de oportunidades” pese al sistema de becas “deficitario”. Sin embargo, auguró que dentro de unos años las Universidades albergarán a “los hijos de la clase representante del poder económico y de quienes quieren tener la sartén por el mango del poder político”.
González recordó que con la Lomce “se olvida el objetivo de la Educación”, que tiene que seguir siendo el de preparar a las personas “con capacidad crítica, de autonomía intelectual y que sean capaces de buscarse un futuro no condicionado por su falta de conocimientos”, sino que “en libertad e igualdad de formación” puedan disponer de libertad “de optar por su futuro”. Por ello, el coordinador de IU en la comunidad garantizó que se seguirá luchando porque se trata de una ley que “no es la de los ciudadanos”.
En la misma línea se expresó el senador Jesús Iglesias, que lamentó que la aprobación de la nueva ley educativa pasara por el Congreso de los Diputados “a marchas forzadas” y que llegue al Senado “con un éxito en el Congreso y una derrota en la sociedad”, después de las multitudinarias manifestaciones registradas el pasado jueves en numerosas ciudades españolas, que según Iglesias fue “una expresión del rechazo del conjunto de la sociedad” frente a una propuesta concebida como “una agresión a una de las seguridades que se habían consolidado con la lucha durante décadas”.
Después de ver la respuesta social, Iglesias pidió al Gobierno que tenga “un mínimo de sensibilidad democrática” y que tenga una reacción “lógica” introduciendo “cambios sustanciales” a raíz de las enmiendas presentadas en la tramitación no parlamentaria de la ley. Sin embargo, reconoció tener “pocas esperanzas” una vez conocida “la hoja de ruta del PP y su obcecación”. Por eso, estimó que el Gobierno “tirará para adelante”, porque su objetivo “nunca ha sido mejorar la educación” sino conseguir un modelo educativo del que resulte “una sociedad más desigual”.
Por otro lado, la secretaria general de la Federación de Educación de CCOO, Elena Fernández, aludió fundamentalmente a los recortes en materia educativa, que suponen, junto a la Lomce “dos caras de una misma moneda”. Fernández recordó que los recortes en este área se vienen produciendo desde el año 2010, momento desde el que se han visto “cronificados” con este nuevo modelo educativo, y que no sólo se han producido en Castilla y León, sino que lo ocurrido en la comunidad es “extrapolable” al resto de España.
En un primer momento se registró un recorte salarial del cinco por ciento “cronificado hasta los presupuestos de 2014”. Fue un año más tarde cuando se produjo “una de las mayores barbaridades” en la materia, con la modificación de la Constitución para fijar un principio de estabilidad presupuestaria y un déficit estructural “que supone lo que estamos padeciendo desde el año 2011”, dijo.
Las cifras señalan que, desde el año 2010, los presupuestos han recortado en Educación en Castilla y León un total de 422 millones de euros, de los que 355 millones corresponden a la Educación Pública no universitaria, mientras que 66 millones corresponden a la Enseñanza universitaria. De la primera partida, 123 millones van “directos” a gastos de personal, lo que supone a su vez “una merma de empleo”.
Las consecuencias de estos recortes es que se está “degradando y debilitando” la calidad de la Enseñanza Pública para “mercantilizar y privatizar” la educación; la eliminación de puestos de trabajo en Castilla y León, en total más de 1.250 en los dos últimos cursos académicos, pese al incremento del número de alumnos; la reducción de las medidas y servicios de apoyos fundamentales; el encarecimiento del acceso a las enseñanzas fundamentales o el aumento de ratios y jornada laboral, reducción del salario o los perjuicios para el profesorado interino como principales consecuencias para los docentes.