La Junta de Castilla y León ha acordado la extracción de la madera de pino quemada en los incendios forestales registrados durante 2026, entre ellos el de Castropodame, con el objetivo de reducir el elevado riesgo de aparición y propagación de plagas forestales.
La medida aparece recogida en la Orden MAE/806/2026, de 24 de agosto, publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León. La normativa establece un procedimiento más ágil para retirar el arbolado afectado por el fuego y simplifica los trámites necesarios para acometer las cortas.
La Administración autonómica señala que los incendios de Castropodame y Murias de Ponjos, en León; Burgohondo, en Ávila, y Fermoselle, en Zamora, se encuentran entre los más relevantes registrados este año en la Comunidad. En algunos de ellos, buena parte del arbolado afectado corresponde a coníferas de pino.
La existencia de madera quemada y de ejemplares debilitados por las llamas incrementa su vulnerabilidad ante insectos perforadores, especialmente escolítidos y cerambícidos. Estas especies pueden multiplicarse en los troncos y las leñas que permanezcan en el monte y terminar atacando árboles completamente sanos de las masas forestales próximas.
Entre las principales amenazas figura el Ips sexdentatus, un escolítido capaz de afectar a casi todas las especies de pino. La orden también advierte del peligro que representa el nematodo de la madera del pino, el Bursaphelenchus xylophilus, causante de una enfermedad que puede provocar la muerte de todos los árboles infectados en menos de tres meses.
La Junta autoriza los aprovechamientos extraordinarios de madera necesarios en los montes de utilidad pública y en los consorciados con la Administración autonómica. Los Servicios Territoriales de Medio Ambiente evaluarán el estado de la madera, prepararán los lotes para su venta y facilitarán las condiciones técnicas a las entidades propietarias, que deberán disponer su extracción urgente.
En los montes y espacios arbolados no gestionados por la Junta, sus titulares también estarán obligados a cortar la madera de pino indicada. Los trabajos podrán realizarse sin presentar previamente una solicitud de autorización o una declaración responsable, aunque, si la madera se comercializa, deberá comunicarse posteriormente la cantidad obtenida.
Podrán quedar exentas las parcelas en las que resulte imposible el acceso del personal o de la maquinaria, siempre que esta circunstancia sea comprobada por Medio Ambiente, así como aquellas en las que no exista riesgo fitosanitario para los bosques cercanos.
Si los propietarios incumplen la obligación de retirar la madera, la Consejería podrá ejecutar los trabajos de forma subsidiaria, previo aviso, y repercutirles su coste. La orden permite conservar aquellos ejemplares que resulten beneficiosos para la regeneración natural o la biodiversidad y que no representen un riesgo de propagación de plagas.
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