El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de León ha vuelto a declarar ilegal el parque eólico Peña del Gato, ubicado en las montañas de la Cepeda y el Bierzo, tras una sentencia dictada por la magistrada Marta Fiuza. Se trata de la tercera anulación judicial de este complejo, compuesto por 25 aerogeneradores y promovido por la empresa Energías Especiales del Alto Ulla, por sus graves carencias evaluativas y los efectos negativos sobre el urogallo cantábrico, especie en peligro crítico de extinción.
El fallo judicial, conocido este jueves, supone un nuevo varapalo para la Junta de Castilla y León, que había vuelto a reautorizar el proyecto pese a que ya había sido anulado en dos ocasiones anteriores. El caso cobra especial relevancia al enmarcarse en pleno juicio por la llamada “trama eólica”, ya que esta instalación reproduce, según los ecologistas, el “modus operandi” investigado en la Audiencia Provincial de Valladolid. En este contexto, el socio local fue el empresario berciano Manuel Lamelas Viloria.
El despacho Cordal Abogados, que representa a los colectivos ecologistas, subraya que “el parque ha sido legalizado a nivel ambiental como si aún no estuviese construido cuando, en realidad, lleva más de 15 años en funcionamiento sin tener en cuenta los efectos negativos causados durante su actividad ilícita”.
La sentencia recoge además que la ubicación del parque se solapa con el hábitat potencial del urogallo cantábrico. La importancia de esta población quedó patente tras la aparición de un ejemplar muerto bajo un molino en un parque eólico vecino, situado a apenas tres kilómetros de Peña del Gato.
El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica (FDJCC), que ha financiado este pleito gracias a las aportaciones de más de 800 personas de toda España, celebró la resolución judicial. En un comunicado, aseguró que “esta sentencia supone otro bombazo a la política ambiental y energética de la Junta de Castilla y León. El urogallo cantábrico tendrá la oportunidad de recuperar terrenos expoliados de su hábitat”.
El abogado Víctor A. Bayón, firmante de la demanda, recalcó que “es intolerable que la Junta insista en volver a autorizar por tercera vez lo que no es legalizable. Si se empeñan en mantenerlo, vamos camino de que toda esta instalación eólica se convierta en el Algarrobico leonés”.
Desde el Fondo se reclama además el desmontaje inmediato del parque eólico y se insiste en la petición de dimisión del jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en León, Fernando Bandera, al que consideran responsable de haber autorizado el proyecto. “Exigimos que la Junta no recurra la sentencia y propicie el desmontaje definitivo”, señalaron.
El parque eólico Peña del Gato fue autorizado por primera vez en 2008, de nuevo en 2017 y por tercera vez en 2022, en todas las ocasiones con resoluciones posteriormente anuladas por los tribunales.
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