La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pospuso en una reunión celebrada esta semana hasta el 30 de septiembre el posible visto bueno a esta orden del Gobierno que subvencionará la modernización de las centrales para cumplir con Europa, a cambio de que las eléctricas firmen acuerdos de compra de carbón. Es 1 día antes de que las compañías tengan que comunicar qué centrales modernizan.
En este sentido, parece un despropósito más con el sector del carbón, ya que el consejo de la CNMC puso sobre la mesa este miércoles la orden ministerial, pero en la misma reunión aplazó la decisión final hasta dentro de dos semanas, en una información que a la que ha tenido acceso Diario de Léon.
De apurarse hasta tal plazo el visto bueno a esta orden se daría el 30 de septiembre, un día antes de que expire la moratoria concedida a las compañías eléctricas para comunicar de forma definitiva qué centrales térmicas entran en el plan de cierre (funcionarán un máximo de vida de 17.500 horas o cerrarán como máximo en el año 2023) o en el Plan Transitorio para realizar las inversiones que marca la nueva normativa europea de emisiones.
En el caso de la central berciana de Compostilla II, la estimación es que Endesa debería invertir cerca de 200 millones de euros. Los planes quedaban supeditados, en principio, a esta línea de subvenciones del Gobierno, pero el visto bueno a la orden que el Gobierno elevó a esta Comisión Nacional de los Mercados no llegaría por tanto hasta unas horas antes de la toma de decisiones.
En teoría la orden ministerial llegaba con todos los informes jurídicos que garantizaban la adecuación del marco de incentivos a las exigencias europeas sobre apoyo estatal a determinados sectores energéticos considerados estratégicos, pero la CNMC aplazó la resolución.
Este nuevo 'mecanismo' llamado 'orden de pagos por capacidad' tendría que estar vigente desde comienzos de año en sustitución del Real Decreto de Garantía de Suministros, que subvencionaba a las eléctricas por el consumo de carbón nacional; una orden que Europa obligó a suspender al entender que chocaba con normas comunitarias sobre competencia. La alternativa ha sido esta orden que financia a las eléctricas por adaptar sus centrales a la nueva normativa europea de emisiones, a cambio de que las compañías firmen acuerdos de compra con las empresas mineras. La CNMC ha decidido posponer el visto bueno o rechazo de esta medida, y la decisión se comunicará con unas horas de margen para que las eléctricas hagan sus planes y comuniquen qué centrales entran en la vía de cierre para el año 2023 (o antes si agotan las 17.500 horas de funcionamiento que marca el plan de cierre).
En este sentido, parece un despropósito más con el sector del carbón, ya que el consejo de la CNMC puso sobre la mesa este miércoles la orden ministerial, pero en la misma reunión aplazó la decisión final hasta dentro de dos semanas, en una información que a la que ha tenido acceso Diario de Léon.
De apurarse hasta tal plazo el visto bueno a esta orden se daría el 30 de septiembre, un día antes de que expire la moratoria concedida a las compañías eléctricas para comunicar de forma definitiva qué centrales térmicas entran en el plan de cierre (funcionarán un máximo de vida de 17.500 horas o cerrarán como máximo en el año 2023) o en el Plan Transitorio para realizar las inversiones que marca la nueva normativa europea de emisiones.
En el caso de la central berciana de Compostilla II, la estimación es que Endesa debería invertir cerca de 200 millones de euros. Los planes quedaban supeditados, en principio, a esta línea de subvenciones del Gobierno, pero el visto bueno a la orden que el Gobierno elevó a esta Comisión Nacional de los Mercados no llegaría por tanto hasta unas horas antes de la toma de decisiones.
En teoría la orden ministerial llegaba con todos los informes jurídicos que garantizaban la adecuación del marco de incentivos a las exigencias europeas sobre apoyo estatal a determinados sectores energéticos considerados estratégicos, pero la CNMC aplazó la resolución.
Este nuevo 'mecanismo' llamado 'orden de pagos por capacidad' tendría que estar vigente desde comienzos de año en sustitución del Real Decreto de Garantía de Suministros, que subvencionaba a las eléctricas por el consumo de carbón nacional; una orden que Europa obligó a suspender al entender que chocaba con normas comunitarias sobre competencia. La alternativa ha sido esta orden que financia a las eléctricas por adaptar sus centrales a la nueva normativa europea de emisiones, a cambio de que las compañías firmen acuerdos de compra con las empresas mineras. La CNMC ha decidido posponer el visto bueno o rechazo de esta medida, y la decisión se comunicará con unas horas de margen para que las eléctricas hagan sus planes y comuniquen qué centrales entran en la vía de cierre para el año 2023 (o antes si agotan las 17.500 horas de funcionamiento que marca el plan de cierre).