"La aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la totalidad de la plantilla del Servicio de Asistencia a Domicilio en Ponferrada está totalmente injustificada". La presidenta del comité de empresa, Isabel Céspedes, asegura que Carflor se ha respaldado en causas organizativas para proponer esta nueva medida que pretende reducir la jornada en un 15% a las auxiliares (56 personas) y en un 50% a las coordinadoras (2 empleadas más), algo que, teniendo en cuenta las horas contratadas actualmente por los usuarios, "dejaría el servicio descubierto".
Precisamente, y analizada la documentación que la empresa ha entregado a los representantes sindicales, Céspedes explica que "Carflor no se ha ceñido a la realidad constatada tanto por las empleadas como por el Ayuntamiento, debido a que las auxiliares estamos cubriendo todos los usuarios, incluso con horas favorables -que la empresa nos debería-". Del mismo modo, "sería inviable que las dos coordinadoras sufrieran una reducción de jornada del 50% porque ahora mismo ya han tenido que dejar de ir a las presentaciones de los servicios dado el volumen de trabajo".
En este sentido, la presidenta del comité no entiende cuál es el juego que se trae entre manos la concesionaria, dado que los conflictos han sido continuos desde que la empresa cogió el servicio en febrero del año pasado. "El pasado mes de noviembre", recuerda, "Carflor tuvo la oportunidad de plantear un ERTE, porque sí que es cierto que había un desfase de horas, pero tras la celebración de un SERLA rechazaron esa opción porque aseguraban que eso le suponía un coste muy alto a la empresa". Semanas después de varias movilizaciones e, incluso, hasta una huelga, Carflor y Ayuntamiento llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento para arreglar el déficit de horas. "Por lo tanto, ¿a qué viene ahora este despropósito?", critica Céspedes. Lo más preocupante para las empledas, sin embargo, es el engaño del que, especifica que fueron víctimas, "tras conocer que la concesionaria había solicitado la prórroga del servicio ya en el mes de noviembre, a pesar de las serias dificultades económicas que, supuestamente, estaba atravesando en ese momento".
Carflor señala al Ayuntamiento como responsable
Por su parte, la adjudicataria echa la culpa al Ayuntamiento de esta situación "porque ya se ha solicitado de forma reiterada la resolución de un contrato que se califica de inviable por reducir de forma abusiva las horas de servicio que figuraban en el pliego respecto a las horas que figuran en los contratos de los trabajadores, obteniendo como respuesta una alarmante pasividad por parte de esa administración". Dicen también que "la empresa se marca como objetivo, que no se vean afectados en ningún momento los usuarios, unos 300, y que el perjuicio sea el menor posible tanto para los trabajadores como para la propia concesionaria".
Al respecto, las empleadas son conscientes de que la empresa asumió un precio muy ajustado por cada hora de servicio -hora prestada/hora facturada-, "pero tendría que haber sido en ese momento cuando Carflor se hubiera opuesto a firmar el contrato. Sin embargo, lo aceptó, aún sabiendo que no podía aumentar los márgenes", insiste Céspedes.
Lo que sí tiene claro la plantilla es que no estará dispuesta "a seguir siendo utilizada por la adjudicataria en función de las discursiones que tengan o no con el Ayuntamiento". Sospechan que este nuevo movimiento empresarial responde, más bien, a una estrategia para aumentar el volumen de horas hasta las 102.000, que es el tope, o bien para conseguir una indemnización por incumplimiento, porque el contrato finaliza en febrero de 2017.
La próxima semana, concretamente el lunes, volverá a celebrarse una nueva reunión entre las partes con la firme voluntad de llegar a un acuerdo antes de proceder a la aplicación del ERTE. Hasta el momento, y a la espera de lo que suceda el lunes, las empleadas han descartado las movilizaciones.