En pie de guerra se mantiene el colectivo de jueces, fiscales, abogados y procuradores por la aprobación en las Cortes de la conflictiva Ley de Tasas según la que, como se empeña en explicar el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, servirá para sufragar el acceso a la justicia de los que disponen de menos recursos.
Razonamientos que nadie en el Poder Judicial entiende, puesto que de esta forma, lo único que se conseguirá es que aquellos que menos tienen se encuentren con “la traba económica a la hora de solicitar la asistencia del servicio esencial de la Justicia para defender sus derechos”. En este sentido, tanto jueces, letrados, procuradores como fiscales no sólo han protestado este miércoles en todas las sedes judiciales de España para mostrar su rechazo a la Ley de Tasas, sino que tampoco ven con buenos ojos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
A las 11’45 horas, el colectivo leía un manifiesto en la biblioteca del Palacio de Justicia de la capital del Bierzo para exponer que dichas reformas ocasionarán problemas como “la merma de efectivos y control directo del Gobierno”, además de “un obstáculo” para quienes tengan que acudir a la justicia para defender sus derechos.
Por último, la delegación berciana del Colegio de Abogados, la delegación berciana del Colegio de Procuradores, Jueces del Partido Judicial y Fiscalía de Área se concentraron a las 12 horas a las puertas de los juzgados de la capital berciana como oposición a las tasas ‘abusivas’ judiciales y de las reformas legislativas.
La ‘Tasa Gallardón’
Supone desde que fuera ya aprobada y publicada en el BOE, la introducción de cuotas por acceder cualquier persona física o jurídica a los Tribunales, dependiendo si la competencia es civil, contencioso administrativa o social (excepto la penal).
En función del importe al que ascenderían los costes del juicio, se impondrá una tasa fija de 150 euros si el importe es menor de 6.000 euros; y de 300 euros si se superan los 6.000 euros. Además de las dos anteriores, está la tasa variable, que también se tendrá que abonar en un 0’5% de la cuantía del procedimiento. También las ejecuciones de sentencias obtenidas tras el proceso por cuyo inicio se pagó la tasa inicial, generaría una nueva tasa de 200 euros. Y si el usuario decide presentar un recurso de apelación, deberá pagar una tasa de 800 euros.