Este miércoles, el empresario minero declara en los juzgados de Cangas de Narcea por la presunta desaparición de toneladas del almacén Estratégico Temporal que la sociedad pública Hunosa había apilado en los parques de Victorino. Allí, más de 500 mineros lo han recibido con huevos y gritos que clamaban los pagos de las nóminas pendientes, de casi medio año.
Hunosa anunciaba en febrero una querella contra el grupo del empresario Victorino Alonso "por apropiación indebida o por estafa" por un quebranto que podría situarse en los 46 millones de euros. Ello por la supuesta desaparición de unas 327.000 toneladas de carbón por importe de más de 26 millones de euros en dos almacenamientos de UMINSA, y otras 200.000 toneladas más en otros 4 almacenamientos de CMC por valor de otros 20 millones de euros.
Sin embargo, en abril, Grupo Alonso desvelaba un nuevo recuento realizado por la misma perito del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste que en su día advirtió de la merma. Según este informe Hunosa obvió en su mediciones 648.000 toneladas de carbón -que equivalen a 590.500 toneladas vendibles- que forman parte del acopio del Almacén Estratégico Temporal.
En total, Alonso tiene almacenado en el AETC 1.328.604 toneladas de carbón que equivalen a 1.216.311 toneladas vendibles frente a las 1.165.342 que están comprometidas en el Almacenamiento Estratégico con Hunosa.
Readmitidos
Por otro lado, los mineros del pozo Salgueiro y Cerredo que debían ser readmitidos según las sentencias del TSJ, volverán este miércoles a las minas. Por ahora, se prevé que el trabajo les durará unos días, ya que Victorino ha vuelto a presentar otro ERE de extinción para toda la plantilla que confía en que esta vez, supere los trámites legales.
También el jueves se reincorporan los de Santa Cruz tras ganar al empresario la demanda colectiva por despido improcedente. Sin embargo, temen vivir la misma situación que sus compañeros: la de trabajar unos días mientras esperan la llegada del nuevo ERE.
El pasado mes de marzo, CMC aplicó un ERE de extinción para 169 trabajadores que trabajaban en el plano inclinado de Cerredo (Degaña). El 13 de junio, una sentencia del TSJ obligó a la empresa del Grupo Alonso a readmitirlos por considerarla ilegal, como advirtieron en su día los mineros. Asimismo, los 29 del pozo Salgueiro -en Torre del Bierzo- también recibían la misma noticia y días después, el TSJ volvía a dar la razón a los 65 despedidos de Santa Cruz.