El grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada ha presentado alegaciones al pliego que regirá “el contrato de Limpieza viaria, recogida de residuos y transporte de los mismos, mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, jardines y arbolado de Ponferrada”. Y lo hacen al estar en desacuerdo “con la filosofía de juntar servicios en un contrato macro por una serie de riesgos para el Ayuntamiento”, según explicaba Juan Elicio Fierro.
Este contrato tendrá según las cuentas de la oposición, “un alcance de 130 millones de euros”, una cifra que a juicio de Fierro “no es baladí”. De hecho, asegura que “la posible anulación de un servicio siempre tiene consecuencias económicas negativas” y añadió que presentan las alegaciones al pliego “porque presenta irregularidades”.
Las cuentas manifestadas por el equipo de Gobierno en el pleno de aprobación del pliego son otras. Según recoge el contrato con un gasto anual de 6,5 millones de euros IVA incluido, sobre los 7,2 y 1,5 millones (total de 8,7 millones anuales) que suponían para las arcas municipales la gestión separada de ambos servicios hasta la fecha.
En primer lugar, la primera incongruencia que encuentran es “si el pliego es de servicios o de gestión de servicios, ya que hay diferencias en el plazo de vigencia entre uno y otro”. En este caso, el plazo de vigencia “es de 17 años con la posibilidad de prórroga de otros tres”y “no se produce la asunción del riesgo por parte del contratista”.
La segunda irregularidad a la que hizo referencia Fierro es que “carece de un Plan de Inversiones y al no haberlo, hay discordancia con el contrato de gestión de servicios”.
Otra anomalía que han encontrado en el pliego los Populares es que “los criterios de valoración establecen que los elementos objetivos prevalecen sobre los subjetivos” y concretamente aquí, “hay un 65% de elementos subjetivos y 35% de objetivos.
Por último, “el Comité de expertos que plantea este pliego, entre otras cuestiones, incluye a técnicos municipales que pertenecen al órgano proponente y han participado en la propia elaboración del pliego y esto, según la ley vigente, no puede ser así”, aseveró el Popular.
Ahora, serán “los servicios jurídicos y técnicos municipales del ayuntamiento los que se pronuncien y se clarifiquen esos aspectos del pliego, sin perjuicio de que en un futuro se pueda acudir a otros organismos, sobre todo, los que vigilan aspectos de competencia en el mercado”.