El acuerdo suscito este miércoles entre PP y VOX en Castilla y León incluye 324 medidas entre las que destacan 'puntos negros' en El Bierzo. Las principales medidas que exigirá o que llevará a cabo el nuevo equipo de Gobierno se encuentran las relacionadas con varias autovías. Las principales medidas que exigirá o que llevará a cabo el nuevo equipo de Gobierno se encuentran las relacionadas con varias autovías en la Comarca: exige la finalización de la A76 entre Ponferrada y Orense y actuaciones en la Ronda Sur de Ponferrada. Además, en las bases del pacto, también se recoge el compromiso de "abordar de forma urgente el paso del Nudo del Manzanal" entre El Bierzo y León.
En concreto y según confirman fuentes oficiales a InfoBierzo, el presupuesto para realizar la Ronda Sur en la capital berciana desde la conocida 'Plaza Boba' hasta la Cruz de Miranda supone un total de 56 millones de euros.
Con respecto al cómputo global de la Comunidad, la coalición parte de la premisa de conformar un gobierno que “permita a Castilla y León protegerse frente al caos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, colapsado por la corrupción” y expresa todas las líneas de rechazo a las políticas socialistas así como las reivindicaciones en inversiones de la Comunidad.
En este sentido, PP y Vox exponen en el documento, analizado por Ical, su rechazo a cualquier acuerdo bilateral sobre la nueva financiación autonómica, que “genere ciudadanos y territorios de primera y de segunda e indican que no aceptarán que se condone a ninguna comunidad autónoma. En materia de fiscalidad, exigen que “se respete” la capacidad fiscal en Castilla y León para bajar impuestos y piden al Gobierno de España que “reduzca la presión fiscal en las zonas rurales y aplique también una fiscalidad más favorable en los tributos nacionales, con regímenes especiales en el IRPF para los contribuyentes” de los pueblos.

Infraestructuras viales y ferroviarias
En materia de infraestructuras viarias, PP y Vox exigen la conclusión de las autovías A-11, A-12, A-15, A-40, A-60, A-73, A-76 entre Ponferrada y Orense y la conversión de la N-234 y la N-610. Asimismo, reclaman actuaciones en la Ronda Sur de Ponferrada; circunvalación de León; Tercer carril de la A-62 entre Venta de Baños y Tordesillas; Tercer carril de la AP-1; Enlace de la A-62 y la A-66 en la glorieta de Buenos Aires en Salamanca; Acceso norte de la capital charra; y un nuevo acceso a Palencia desde la A-67. Piden también la variante Internacional de Rihonor de Castilla y la conexión de Castilla y León con Asturias por la AP-66. PP y Vox demandan en su pacto también la bonificación de peajes vigente en la AP-71, AP-6, AP-51, y AP-61.
En cuanto al ferrocarril, las principales reivindicaciones de estas fuerzas pasan por el desarrollo del Corredor Atlántico, reapertura de la Ruta de la Plata y de la línea Madrid-Aranda de Duero-Burgos, el paso del nudo del Manzanal entre El Bierzo y León, y la inclusión del nodo logístico de Burgos y de Salamanca en la Red Básica. Apuntan asimismo al impulso de las líneas de alta velocidad, Burgos-Vitoria y Palencia-Santander, reapertura de la línea Soria-Castejón cuanto antes, y poyo a los soterramientos del ferrocarril en Valladolid, Palencia y León, entre otros.
PP-Vox reclamarán al Gobierno el compromiso de no supresión de servicios y paradas en relaciones ferroviarias y estudiar demandas de nuevas paradas, así como recuperar los trayectos anteriores a la COVID-19 suprimidos.
El pacto de gobierno también pide el desarrollo de la Plataforma logística intermodal Torneros- Grulleros; en Ponferrada, para la mejora del transporte de mercancías en la zona del noroeste; el ramal ferroviario del área de Prado del Hoyo en Segovia y la implicación en puertos secos como el de Salamanca.
Por último, destaca el mantenimiento del corredor ferroviario de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo como definitivo y la ampliación Arévalo-Ávila; así como renovar los trenes y bonificar los trayectos de vía estrecha.
En cuanto al transporte público de viajeros por carretera, reivindican la no supresión de paradas y la recuperación de frecuencias anteriores a la COVID-19; un mapa concesional nacional coordinado con el autonómico, y una revisión de las bonificaciones.

Actuaciones energéticas e hidráulicas
La nueva Junta de Castilla y León también defenderá frente al Gobierno central la necesidad de refuerzo de las redes de transporte y distribución eléctricas, que se encuentran “muy saturadas, tanto para generación como para demanda”. Además, solicitan que se facilite la inversión en redes a las empresas distribuidoras, así como el desarrollo del autoconsumo industrial con una nueva normativa.
En infraestructuras hidráulicas defienden un incremento de la capacidad de regulación en la Cuenca del Duero, que permita el desarrollo de nuevos regadíos, ganadería, industria agroalimentaria y otras actividades económicas. Demandan también que se agilice la tramitación ambiental pendiente de convenios que están suscritos para modernizar comunidades de regantes, y la asignación de fondos para 50.000 hectáreas pendientes.
PP-Vox apuntan también al Gobierno en materia de telecomunicaciones y reivindican que el cien por ciento de las personas de Castilla y León dispongan de cobertura de banda ancha móvil de 100 Mbps.

Vivienda e inmigración
Para finalizar, cabe destacar que el pacto PP-Vox suscrito hoy en la sede del Parlamento regional muestra su oposición frontal a la nueva ley de derecho a la vivienda del Gobierno.
Además, exige una reforma del padrón municipal para “combatir el fraude y la ocupación ilegal” y la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objetivo de “impedir el uso fraudulento” de este registro. En particular explican, se promoverá que la inscripción en el padrón de personas que carezcan de título habilitante de ocupación de la vivienda -o documentación equivalente- sea considerada “nula de pleno derecho, sin que pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones”. Asimismo, se impulsará una proposición de ley en las Cortes Generales.
Asimismo, Castilla y León, sentencia el pacto, “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León” de inmigrantes.

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