Fuentes del grupo dicen que se trata de una iniciativa "ampliamente trabajada con colectivos y expertos". "Es la ley más ambiciosa presentada hasta el momento en España en esta materia", insisten. El objetivo del paquete de medidas es rebajar las emisiones de CO2 un 35% para 2030, un 70% para 2040 y un 95% para 2050, tomando como referencia el nivel de 1990.
El texto recuerda que hay consenso científico en que estas emisiones son "causa fundamental" del "mayor desafío" que afronta la humanidad: el cambio climático, que tiene efectos "potencialmente devastadores" y contra el que hasta ahora no se ha hecho lo suficiente: a nivel global, 2016 fue el año más cálido desde 1880 y, en España, las emisiones crecieron un 4,4% interanual en 2017.
Avanzar hacia fuentes de energía renovables es fundamental, según los impulsores de la iniciativa. De hecho, la proposición establece el objetivo de que para 2050 toda la energía final que se consuma en España provenga de fuentes renovables. Mientras, las centrales nucleares se cerrarían de forma escalonada entre 2020 y 2024, y las de carbón se clausurarían poco después. La fecha límite en este caso sería el 31 de diciembre de 2025.
La propuesta del grupo morado añade que los trabajadores afectados por los cierres deberían ser reubicados por las empresas y que, en caso de que no fuera posible o no quisieran acogerse a esa posibilidad, se elaborarían planes para proporcionarles un empleo en "sectores sostenibles" y en su localidad. Fuentes del grupo subrayan que es clave lograr una "transición ecológica justa" donde no se pierda empleo neto.
Para llegar a los objetivos de energía verde, se impulsaría el autoconsumo con la supresión del llamado impuesto al sol, que pagan los ciudadanos que tienen una instalación generadora –por ejemplo, unas placas solares–, pero están conectados a la red para poder consumir energía del sistema si lo necesitan. Además, se fomentaría la inversión de particulares, entidades locales y pymes en proyectos de generación renovable.
En paralelo al abandono de las fuentes más contaminantes, la ley plantea la necesidad de reducir el consumo total, de modo que la demanda de energía primaria caiga en 2050 a la mitad con respecto a 1990.
La proposición de ley no solo habla de grandes cifras, también de los consumidores y sus derechos. Así, las unidades familiares con ingresos por debajo de unos 1.600 euros mensuales (el triple del IPREM) podrían acceder, en función del número de miembros y de su renta, a descuentos en la factura del suministro de gas, posibilidad que no existe hoy por hoy.
El bono social de electricidad, que ya se contempla en la actualidad, se ampliaría y pasaría a tener características análogas a las del nuevo bono de gas y, finalmente, se crearía una tarifa de agua para personas con rentas bajas, además de garantizar un consumo mínimo anual a todos los consumidores domésticos.
El coste de estas medidas para proteger a sectores sociales vulnerables, según la iniciativa, lo tendrían que asumir las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen cualquiera de las actividades del sector.
También se crearían nuevos impuestos –como un gravamen sobre las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas y un impuesto especial de electricidad–, y se adaptarían otros para darles orientación medioambiental. Los de matriculación y circulación, por ejemplo, se calcularían según el nivel de emisiones contaminantes de los vehículos, y para 2040, el 100% de los turismos que se vendan en España serían eléctricos.
El texto, de más de 140 páginas y al que ha tenido acceso 20minutos, incluye otras medidas, como el impulso al reciclaje, la rehabilitación de viviendas, etc., e incorpora la perspectiva de género al exigir la paridad en todos los organismos supervisores.
Próximamente se votará su admisión a trámite en el Congreso, algo para lo que Unidos Podemos ya busca apoyos.
vía: 20 minutos