El Procurador del Común de Castilla y León ha instado al Ayuntamiento de Cacabelos a asumir sus responsabilidades en el control y protección de las colonias de gatos callejeros presentes en su término municipal. La petición surge tras una queja presentada por un vecino que denunciaba la inactividad del consistorio ante esta problemática, incumpliendo así lo estipulado en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, sobre protección de los derechos y el bienestar animal.
Desde la Institución se inició una investigación formal (expediente número 1530/2024) para verificar la gestión municipal. Sin embargo, a pesar de múltiples requerimientos enviados entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 solicitando información al Ayuntamiento, este no respondió ni colaboró conforme a lo establecido en los artículos 3.1 y 16 de la Ley 2/1994, que regulan la obligación administrativa de facilitar información al Procurador del Común.
En términos legales, esta omisión afecta a la seguridad jurídica y contraviene el derecho fundamental a una buena administración recogido tanto en normativas europeas como autonómicas. Además, conforme a la Ley autonómica 5/1997 sobre protección animal, corresponde a los ayuntamientos disponer personal e infraestructuras adecuadas o colaborar con entidades especializadas para atender animales abandonados o vagabundos.
La reciente Ley estatal 7/2023 introduce además obligaciones específicas para el manejo poblacional de gatos comunitarios mediante programas normalizados que incluyen censos, esterilización veterinaria con marcaje auricular, programas sanitarios supervisados por profesionales colegiados y protocolos para resolver conflictos vecinales relacionados con estas colonias.
Dada la población actual del municipio (según datos INE 2024), el Procurador señala dos vías posibles para Cacabelos: solicitar cooperación técnica y económica a la Diputación Provincial o diseñar un programa propio para gestionar las colonias felinas —como han hecho otros municipios leoneses— abarcando todo su término municipal e incorporando incluso voluntariado si se considera oportuno.
Finalmente, se ha resuelto que el Ayuntamiento debe responder formalmente al vecino denunciante cumpliendo con los plazos administrativos correspondientes; ejercer sus competencias conforme a la legislación vigente para garantizar vigilancia efectiva sobre las colonias; así como colaborar con el Procurador en futuras investigaciones. Esta resolución será publicada públicamente por el Procurador del Común junto con un registro actualizado donde conste esta falta inicial de colaboración municipal.
Aquí puedes acceder a la resolución completa (CLIC).
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