El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado una prórroga de dos años, hasta el 30 de junio de 2028, para que los municipios beneficiarios puedan finalizar los proyectos subvencionados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta medida afecta a las iniciativas impulsadas en zonas afectadas por la transición energética, que contemplan infraestructuras ambientales, sociales y digitales.
La ampliación del plazo responde al éxito inicial de las convocatorias lanzadas bajo la Orden TED/1476/2021 y su posterior modificación mediante la Orden TED/1381/2023. En total, se adjudicaron ayudas por un importe superior a 125 millones de euros a 149 proyectos municipales. Sin embargo, dada la complejidad administrativa y técnica que enfrentan muchos ayuntamientos —especialmente aquellos con menor población— se consideró necesario extender el tiempo límite para evitar renuncias o incumplimientos que pudieran poner en riesgo los objetivos previstos.
Los proyectos están financiados con fondos europeos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y forman parte del componente dedicado a la Estrategia de Transición Justa. Esta estrategia tiene como fin ayudar a regiones impactadas por cierres industriales relacionados con energías fósiles —como minas o centrales térmicas— mitigando sus efectos socioeconómicos negativos y apoyando un desarrollo sostenible.
Según lo establecido en las modificaciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de junio de 2026, los beneficiarios podrán solicitar formalmente esta ampliación antes del vencimiento original previsto para junio de 2026. Para ello deberán justificar que no se afectan los objetivos iniciales ni derechos terceros, sin incremento adicional en las subvenciones concedidas. Se incorpora un formulario específico (Anexo VII) para tramitar estas solicitudes.
Esta decisión está alineada con los principios regulatorios vigentes: necesidad, proporcionalidad, eficiencia, seguridad jurídica y transparencia. Además responde a peticiones tanto de ayuntamientos afectados como de organismos representativos como la Federación Española de Municipios y Provincias.
Con esta prórroga se garantiza una mayor absorción efectiva del financiamiento europeo destinado a facilitar una transición ecológica justa y equilibrada entre territorios españoles que han sufrido impactos económicos derivados del cierre progresivo de explotaciones mineras o centrales energéticas tradicionales.
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