La gestión del oso pardo en la Cordillera Cantábrica entra en una nueva fase tras la aprobación de la actualización del Protocolo de Intervención con Osos, un documento técnico que redefine los criterios de actuación ante situaciones de riesgo o conflicto con esta especie protegida. La revisión ha contado con una participación destacada de la Junta de Castilla y León, que ha impulsado cambios para adaptar la gestión a la realidad actual.
El nuevo protocolo, respaldado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, sustituye al aprobado en 2019 y responde a un escenario muy distinto al de hace unos años. La recuperación de la población de oso pardo, resultado de décadas de medidas de conservación y protección del hábitat, ha propiciado la expansión de la especie por la Cordillera Cantábrica. Este crecimiento también ha incrementado el número de incidencias que requieren la intervención de las administraciones.
Entre las situaciones contempladas figuran ejemplares heridos o enfermos, crías separadas de sus madres, osos que han perdido el temor a las personas o animales que protagonizan conflictos recurrentes con explotaciones ganaderas o con los habitantes de las zonas de montaña. Este aumento de casos ha llevado a revisar las herramientas de gestión para ofrecer una respuesta más eficaz.
Castilla y León ha defendido especialmente esta actualización debido a la situación que vive la provincia de León, uno de los principales territorios para la conservación del oso pardo y, al mismo tiempo, uno de los espacios donde la convivencia entre la especie y la población es más frecuente.
La provincia de León concentra una parte significativa de la población cantábrica, especialmente en el núcleo occidental, con presencia estable en comarcas como Laciana, Babia, Omaña, Alto Sil, Luna y la Montaña Oriental. Además, desempeña un papel clave como corredor ecológico entre distintas áreas de distribución y como zona de expansión natural de la especie.
La mayor presencia de osos también ha provocado un incremento de los encuentros con las personas. La aparición de ejemplares en núcleos urbanos, daños en colmenares, acceso a contenedores de residuos o ataques al ganado forman parte de una realidad cada vez más habitual en diferentes puntos de la montaña leonesa.
Uno de los principales cambios introducidos por el protocolo es la clasificación más precisa de los ejemplares según su comportamiento. El documento distingue tres categorías: osos con problemas, osos habituados y osos problemáticos, estableciendo para cada una de ellas diferentes niveles de actuación.
Los denominados osos con problemas son aquellos que presentan heridas, enfermedades, intoxicaciones, atrapamientos o situaciones de separación de crías. En estos casos, el protocolo prevé la activación inmediata de equipos especializados para evaluar al animal, prestarle atención veterinaria y, si es necesario, trasladarlo a un centro de recuperación.
La principal novedad afecta a los llamados osos habituados. El texto define como tales a los ejemplares que acuden de forma reiterada a zonas habitadas para obtener alimento de origen humano, como basura, huertos o incluso el interior de edificios, y que además no muestran una reacción de huida cuando detectan la presencia de personas.
Asimismo, se incorpora la figura del "oso en proceso de habituación", una categoría que permitirá actuar antes de que ese comportamiento se consolide. La medida cobra especial importancia en León, donde este tipo de episodios se ha vuelto más frecuente y donde se considera prioritario evitar que los animales asocien la presencia humana con una fuente fácil de alimento.
Como primera medida, el protocolo apuesta por técnicas de disuasión destinadas a modificar la conducta de los ejemplares. Entre ellas se incluyen métodos acústicos, la presencia de personal especializado, el empleo de perros adiestrados, dispositivos pirotécnicos, sprays anti-oso, pistolas de paintball con pimienta, proyectiles de goma y otros sistemas de munición menos letal.
El documento señala que muchas de estas herramientas se utilizan habitualmente en otros países con poblaciones consolidadas de grandes carnívoros, aunque en España requieren autorizaciones específicas. Por ello, también refuerza la coordinación entre las administraciones y las fuerzas de seguridad, especialmente con la Guardia Civil, para facilitar una respuesta rápida y con respaldo jurídico.
En los casos en que las medidas disuasorias no resulten eficaces, el protocolo contempla la posibilidad de capturar al ejemplar y retirarlo del medio natural, incluso si no ha mostrado un comportamiento agresivo, siempre que persista el riesgo de contacto con las personas.
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