La Proposición No de Ley también dio encaje a una enmienda del PSOE. Toda la Cámara apoyó el consumo obligatorio de carbón autóctono en las centrales térmicas.
El Procurador socialista Miguel Ángel Fernández Cardo preguntó hoy, en el pleno de las Cortes de Castilla y León por las actuaciones que ha realizado el gobierno de la Junta para garantizar la viabilidad y el futuro de la minería del carbón, aprovechando el pleno en el que precisamente el gobierno de la Junta, a través del grupo Popular, presentó la PNL al pleno para exigir al Ministerio de Industria un encaje mínimo y permanente a la generación térmica con carbón autóctono.
“Aún seguimos sin plan del carbón y sin blindar en el mix energético el carbón autóctono, aunque hoy lleguen noticias esperanzadoras al respecto”.
Paradójicamente, señaló “en el último año se han incrementado las emisiones de CO2, por el mayor uso de carbón en generación eléctrica. Se sigue quemando carbón, pero no el autóctono, sino el de importación, y ése ni genera empleo ni fija población”.
El procurador constató que el ministro “ha emprendido la marcha atrás”, y exigió al gobierno de Herrera que se mueva para garantizar que la reserva estratégica incluya al carbón como fuente esencial, y marque también normativamente la continuidad de las centrales térmicas que usan mineral nacional.
A este respecto los socialistas han presentado una enmienda a la Proposición No de Ley presentada por el PP en relación con las centrales térmicas de Compostilla, Anllares, La Robla y Velilla del Río Carrión
La procuradora socialista, Angela Marqués, defendió con éxito que se desarrollen fórmulas que incentiven el consumo obligatorio de carbón autóctono “de nuestras cuencas mineras porque de poco serviría que las centrales térmicas continuaran su actividad pero sin quemar el carbón de las cuencas del Bierzo, Laciana y Gordón”.
También se consiguió que la Junta promoviera “si fuera necesario”, una moratoria en el tiempo dado a las térmicas para la realización de las inversiones necesarias que den cumplimiento a la normativa europea de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) que obliga a las eléctricas a acometer reformas o a programar su cierre para antes de 2023, una decisión que se debe tomar el 1 de enero de 2014 como máximo.
Marqués justificó la petición de esta moratoria en la situación de crisis económica y en la indefinición de la política energética nacional, aún con el Plan del Carbón a 2018 sobre la mesa de negociación.