Siete miembros de Stop Desahucios-Bierzo acompañan la presentación de un escrito a Herrera con un encierro matutino en la sede de la Junta en Ponferrada

El encierro “en todo momento de carácter pacífico” se prolongará “siempre que las autoridades policiales lo permitan” hasta la hora de cierre de las oficinas de la Junta, explica la Plataforma.

05 de Septiembre de 2013
Actualizado: 18 de Septiembre de 2014 a las 20:59
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Siete miembros del colectivo Stop Desahucios Bierzo, Laciana, La Cabrera se han encerrado esta mañana de jueves en las oficinas de la Junta de Castilla y León en Ponferrada.
Una protesta que acompaña de manera simbólica al registro de un escrito consensuado por las Plataformas de Afectados por las Hipotecas y Stop Desahucios de Castilla y León.

En el documento que dirigen al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, exponen una serie de puntos sobre “la situación económica actual y la pasividad de la clase política que olvida a los ciudadanos y está al servicio de los poderes financieros. También se recuerda que las oficinas de información e interlocución hipotecaria (012) creadas en nuestra comunidad, desde la perspectiva de los servicios sociales, son absolutamente inoperantes. Su función es únicamente la de trasladar documentos y esperar a que las entidades financieras hagan su propia voluntad”.

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Castilla y León y los grupos Stop Desahucios exigen al gobierno regional, a través de este escrito que hoy presentan en la oficina de la Junta en Ponferrada, “que se posicione con claridad a favor de sus ciudadanos y adopte una serie de medidas para salvaguardar el derecho a la vivienda”.

Acción política con Caja España-Duero

Una entidad de la Comunidad, que “ha dejado patente su falta de sensibilidad ante los casos de las personas afectadas y su nulo interés en buscar soluciones a la dramática situación de las familias, que afectadas por el impago de su hipoteca, ven como son desahuciadas de su vivienda. A nuestro juicio y de acuerdo con la legislación autonómica de Cajas de Ahorros, el gobierno regional es responsable de la mala gestión bancaria y de la administración desleal que esta entidad ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Creemos que la Junta ha consentido y silenciado las nefastas actuaciones que la entidad ha efectuado”.