La plataforma Stop Desahucios presentó hoy las 6.400 firmas recogidas durante 25 días en las comarcas del Bierzo, Laciana, Maragatería y La Cabrera y que presentarán el próximo 12 de noviembre en Valladolid ante la Junta. Un respaldo social con el que quieren avalar su petición al Gobierno autonómico que, entre su quincena de puntos, destaca la designación de un “interlocutor válido” en Caja España -ahora Banco Ceiss- con capacidad de decisión y negociación para la no ejecución de las hipotecas o la dación en pago con alquier social.
A la entrega el colectivo acudirá acompañado por compañeros de asociaciones Stop Desahucios y Plataforma de Afectados por la Hipoteca del resto de provincias de Castilla y León y fletarán dos autobuses que saldrán de Villablino y pasarán por las localidades de Ponferrada, Bembibre, Astorga y León. “Hemos rebasado nuestro objetivo de firmas con creces y en la calle hemos encontrado mucha solidaridad con las familias afectadas por las hipotecas y una gran ayuda”, afirmó el portavoz de Stop Desahucios, Juan Álvarez.
La plataforma leonesa aprovechó la presentación de la campaña de firmas realizada a lo largo del mes de octubre para presentar a los siete coordinadores locales que acompañarán a Álvarez, como coordinador intercomarcal, en la defensa de los intereses de los afectados por las ejecuciones hipotecarias. Así, el portavoz dio la bienvenida a la solicitud del Ayuntamiento de Ponferrada a la Junta para la cesión de dos viviendas que se destinarán al alquiler social.
Nuevo desahucio
Por otro lado, Juan Álvarez informó de la notificación de una nueva orden de desahucio prevista para el próximo 4 de noviembre en Bembibre y que dejará en la calle a una familia de seis miembros. Es un matrimonio de 42 y 40 años con cuatro hijos de 10. 10 8 y 7 años. “El cabeza de familia es un minero en ERE de Carbones Arlanza que tiene una deuda bastante amplia con el BBVA”, explicó Álvarez, que apuntó a que subsisten desde hace más de un año con los ingresos del desempleo y que han tenido que elegir entre pagar la hipoteca -contratada en 2006- o dar de comer a sus hijos y pagar los gastos de la vivienda.
Desde Stop Desahucios ven complicado frenar el desahucio aunque intentarán presentar toda la documentación que les exigen para acreditar la exclusión social en virtud del acuerdo entre la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Álvarez entiende que una familia de seis miembros, con cuatro menores y sin ingresos debe recibir protección específica por encontrarse en riesgo de exclusión.