El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el exalcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López Gutiérrez, y ha confirmado su condena por prevaricación administrativa y gestión interesada en la adjudicación de una parcela municipal a su propia empresa, según ha informado el PSOE del municipio.
Las penas impuestas son de seis meses de prisión, multa y dos años de inhabilitación para cargo público por gestión interesada, además de otros nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa y el pago de las costas. De acuerdo con la información trasladada por los socialistas, contra esta resolución ya no cabe recurso.
El procedimiento se refiere a la adjudicación de la parcela 97 del polígono industrial de Cabañas Raras a la Clínica Veterinaria Bierzoo. Según recoge la información difundida por el PSOE, López Gutiérrez era entonces alcalde y administrador de la empresa, y presidió la mesa que abrió las ofertas y participó en la votación del pleno que acordó la adjudicación.
La Audiencia Provincial de León dictó la condena en 2023 y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la confirmó en 2024. El rechazo del recurso ante el Supremo culmina ahora ese recorrido judicial.
Según el relato de la resolución facilitado por el PSOE, la operación omitió trámites obligatorios que sí se habían cumplido en la venta de otras parcelas. Entre ellos, los socialistas señalan que el asunto no figuraba en el orden del día del pleno y que la subasta no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
El comunicado atribuye al Supremo la conclusión de que estas actuaciones estaban dirigidas a evitar la publicidad de la subasta y la concurrencia de otras ofertas. También recoge que la empresa había obtenido una subvención de 53.819,92 euros para un proyecto en esa misma parcela, todavía de titularidad municipal.
Tras la adjudicación, el exalcalde intervino en la escritura tanto como representante del Ayuntamiento como en calidad de administrador de la empresa, según la misma información.
Los socialistas destacan, además, que López Gutiérrez conocía su obligación de abstenerse. Para sostenerlo, aluden a un pleno anterior en el que se ausentó durante el nombramiento de una familiar como jueza de paz sustituta.
El comunicado también señala que el Alto Tribunal ha rechazado el argumento de que todos los concejales votaron a favor de la operación, al considerar que las deficiencias del expediente podían pasar desapercibidas para otros ediles, pero no para quien tenía un interés directo en la adjudicación.
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