Los principales acusados de traficar con drogas en un ultramarinos de Molinaseca aceptan 3 años y un día de cárcel

Detalles de la investigación que desmanteló la red de narcotráfico en El Bierzo

25 de Noviembre de 2025
Actualizado: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:48
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Río Meruelo a su paso por Molinaseca tras la limpieza. Cedidas a InfoBierzo
Río Meruelo a su paso por Molinaseca tras la limpieza. Cedidas a InfoBierzo

Los principales acusados de vender de drogas en un ultramarinos de Molinaseca y un bar de Toral de los Vados aceptan penas de 3 años y un día de cárcel, tal y como ha adelantado Radio Bierzo este martes. La Audiencia Provincial ha confirmado el fallo judicial que sanciona a varios individuos implicados en una red dedicada al tráfico de estupefacientes, cuyo centro de distribución se ubicaba en la tienda de ultramarinos Elías, situada en Molinaseca, y en un bar en Toral de los Vados. En la resolución se ha considerado la circunstancia atenuante por dilación indebida, debido a que los hechos investigados ocurrieron hace casi diez años y el proceso penal se inició cinco años atrás.

Las penas más severas recaen sobre el responsable del comercio alimenticio molinés y su esposa, así como sobre el propietario del bar toralense, quienes han sido condenados a tres años y un día de prisión. Además, los dos primeros deberán afrontar multas cercanas a los 30.000 euros, mientras que el tercero afronta una sanción económica superior a 137.000 euros, cifra que corresponde al valor estimado de las sustancias ilegales decomisadas. Estas condenas resultan significativamente inferiores a las solicitadas inicialmente por el Ministerio Fiscal, que pedía entre ocho y nueve años de encarcelamiento para estos acusados.

Una condena de 3 años y un día de cárcel en España significa que la pena supera los dos años, lo que generalmente implica el ingreso efectivo en prisión. El día adicional sirve para que la pena caiga en el tramo de las penas graves, que tiene un plazo de prescripción diferente (10 años en lugar de 5) y, lo que es más relevante, para evitar el posible acceso a la suspensión de la condena, que solo es posible para penas de hasta dos años

En cuanto al resto del grupo procesado, compuesto mayoritariamente por personas con antecedentes penales, seis individuos han recibido penas privativas de libertad de un año y medio cada uno. Por otro lado, siete acusados han sido absueltos tras el juicio.

 

Un ultramarinos utilizado como punto de venta

Según el relato del fiscal, los agentes comprobaron que el ultramarinos “Alimentación Elías” se utilizaba presuntamente para la venta de cocaína y hachís en pequeñas cantidades a consumidores habituales del entorno. Ese mismo 14 de enero de 2016 se intervino a un cliente, nada más salir del local, una papelina con 0,70 gramos de cocaína.

Las sospechas llevaron a la intervención de las comunicaciones de los propietarios de la tienda, un matrimonio sin antecedentes penales que también residía en el mismo inmueble. A partir de las escuchas y las vigilancias, la Fiscalía sostiene que el negocio se utilizaba de forma “habitual y frecuente” para el tráfico ilícito de drogas.

La investigación culminó en una operación el 19 de mayo de 2017, en la que fueron detenidos ambos y se practicaron registros en la tienda y en la vivienda. Allí se intervinieron:
    •    34 envoltorios de cocaína con un peso de 32 gramos (pureza del 62,71 %), valorados en 2.025,83 euros.
    •    Varios bloques de resina de cannabis, que sumaban cerca de 300 gramos, con valores de mercado ilícito superiores a los 1.600 euros.
    •    170 euros en metálico y material propio del tráfico de drogas, entre ellos una balanza de precisión.

La Fiscalía detalla que, además de este foco, la red contaba con diversos suministradores y distribuidores. Entre ellos figura otro acusado que, en marzo de 2018, fue sorprendido en un control rutinario de tráfico portando en su vehículo:
    •    Una bolsa de cocaína en roca con una pureza del 66,29 %, valorada en 3.886 euros.
    •    Una bolsa de cannabis de 9,48 gramos, valorada en 54,03 euros.

Asimismo, el escrito recoge la detención, el 19 de mayo de 2017, de otro implicado que habría actuado como proveedor de droga al matrimonio del ultramarinos. En el registro de su vivienda se halló:
    •    Una bolsa con 155 gramos de cocaína en roca, con una pureza del 61,34 %, valorada en 27.164 euros.
    •    Otra bolsa con 58,56 gramos de cannabis, valorada en 333,79 euros.
    •    3.205 euros en efectivo, balanzas de precisión y anotaciones manuscritas de presuntas operaciones de venta.

Este acusado permaneció en prisión preventiva desde mayo a julio de 2017, cuando obtuvo la libertad tras el pago de una fianza de 2.500 euros.

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Un bar como centro de distribución comarcal

El escrito del fiscal describe además otro foco de distribución en un bar regentado por uno de los acusados, en una localidad de la comarca. Desde este establecimiento y desde su domicilio -según la acusación- se distribuían distintas sustancias a buena parte de la zona, con importante cantidad de drogas intervenidas en el registro.

En su vivienda se localizaron, entre otros efectos, resina de cannabis, cocaína, MDMA y anfetamina, junto a dinero en efectivo y anotaciones de ventas. Solo en cannabis se intervinieron más de 2,7 kilos, además de varias partidas de cocaína fraccionada, MDMA y otras sustancias con un valor global de decenas de miles de euros en el mercado ilícito.

En el momento de su detención, este hostelero acababa de suministrar casi 10 gramos de cocaína de alta pureza y una pequeña cantidad de resina de cannabis a otro acusado, destinados –siempre según la Fiscalía– a la reventa a terceros consumidores.

La acusación pública desgrana una compleja cadena de suministro, en la que diferentes acusados se surtían de cocaína, cannabis o MDMA de otros implicados en el procedimiento, con contactos y entregas tanto en la comarca como en otras ciudades.

Entre los investigados figuran personas con antecedentes penales por delitos de tráfico de drogas, apropiación indebida, impago de pensiones o hurto, algunos de los cuales habían sido condenados anteriormente a largas penas de prisión por narcotráfico.

El Ministerio Fiscal sostiene que, al menos desde 2016, varios de estos acusados se dedicaban de forma continuada a la venta de sustancias estupefacientes en distintos puntos, trasladando la droga desde otras provincias hasta la comarca para su distribución posterior.

 

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