El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha iniciado una investigación penal para esclarecer si existió "inacción" por parte de la Junta ante los incendios forestales que arrasaron El Bierzo y otras comarcas leonesas este verano.
La Fiscalía autonómica ha abierto diligencias contra Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. La causa se basa en una denuncia presentada por la asociación Bierzo Aire Limpio, que acusa a estos responsables políticos de posibles delitos como "prevaricación por omisión, daños medioambientales y omisión del deber de socorro."
Según Bierzo Aire Limpio, existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León "no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno. El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes", señala la asociación.
La organización ecologista también denuncia una "falta en coordinación entre las administraciones locales y los servicios estatales emergentes durante las fases críticas del incendio". Esta deficiencia dificultó una respuesta eficaz e inmediata frente al avance descontrolado del fuego. Además, se constataron carencias en medios activos para extinguir focos críticos semanas después en zonas como Sobrado.
Bierzo Aire Limpio destaca que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía “es un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales” y celebra que el Ministerio Público haya atendido la necesidad de investigar los hechos.
Sin embargo, lamenta que, en paralelo, las Cortes de Castilla y León rechazaran este miércoles, la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de los incendios del pasado verano, en los que ardieron más de 150.000 hectáreas, murieron cuatro personas y miles de vecinos fueron desalojados.
“Mientras la Fiscalía actúa, el Parlamento autonómico opta por cerrar filas y negar información incluso a los propios procuradores y a las organizaciones sociales y ecologistas. Es el enésimo cerrojazo informativo de un Gobierno que prefiere el silencio a la rendición de cuentas”, denuncian desde la asociación.
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