Anuladas las unidades de gestión clínica de Sacyl, incluidas las dos del Bierzo, al considerar que no se negociaron en mesa sectorial

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado las 15 primeras unidades de gestión clínica aprobadas por la Consejería de Sanidad hace un año y medio, en septiembre de 2016, al estimar que el modelo no se negoció en mesa sectorial y que la memoria económica de la orden no recogía un “mínimo análisis de los costes” que implicaría su implantación. En el Hospital El Bierzo se pusieron en marcha dos de ellas, Neumología y Salud Mental, generando un importante recelo en diversos ámbitos del sector sanitario que lo vieron como una privatizacion encubierta del servicio.

Contra la sentencia, emitida por la sala de lo Contencioso Administrativo, cabe presentar recurso de casación y es consecuencia de la denuncia interpuesta por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que ya en 2014 provocó también que el Alto Tribunal anulara el primer plan con el que se pilotó el modelo y por el que se crearon, en 2012, las primeras unidades en las áreas de Valladolid Este y Zamora. Al final, en 2014 vio la luz el decreto que regula el sistema, que permitió que en 2017 comenzaran a funcionar las primeras 15 unidades en el ámbito de Sacyl.

La sentencia, conocida este martes, no cuestiona el modelo pero sí da la razón a CCOO al considerar que Sacyl vulneró el derecho de negociación colectiva en el proceso para poner en marcha estas primeras 15 unidades. Aunque el TSJCyL admite que la Gerencia Regional de Salud informó y debatió con los sindicatos la norma, pone de manifiesto que no les proporcionó la documentación necesaria para discutir los proyectos, ni su evaluación, ni tampoco la memoria, y todo pese a que hubo sindicatos que solicitaron mayor información -Satse-FSES y CESM-CYL- porque consideraban que los proyectos no eran conocidos ni siquiera en los centros donde iban a ser implantados, y tenían dudas sobre la situación de los profesionales de enfermería que no se adhirieran a las unidades.

Aunque la Justicia considera estas cuestiones razones suficientes para anular la norma, también precisa que la memoria económica no incluye el “más mínimo análisis de los costes” que pueda implicar la puesta en marcha de las unidades que, entre los motivos que las justifican, se incluyen la mayor eficacia y sostenibilidad del sistema. “Se limita a concluir que no suponen un mayor coste, pero para que esta conclusión esté justificada es preciso que se detallen los costes existentes y los que se estiman en función de la nueva organización y del aumento de funciones, formación, investigación, productividad, carrera profesional, etc.”.

Por último, también pone el acento en que la orden vulnera el decreto por el que se creó este modelo, en el que no se contempla que se integren miemos electivos en los comités clínicos de las unidades, tal y como recoge la orden anulada.

Satse valora la sentencia y cree que las unidades de gestión clínica son perjudiciales para “pacientes y trabajadores”

El sindicato de enfermería Satse Castilla y León valoró este martes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la que se anula la orden por la que crearon las primeras 15 unidades de gestión clínica (UGC). El sindicato siempre se ha mostrado en contra de esta fórmula de gestión, que bajo su punto de vista tiene “consecuencias negativas para los pacientes y para los trabajadores” para los que implica una pérdida importante de derechos.

Satse incidió en que los trabajadores de Sacyl están “mayoritariamente en contra de las unidades” y que “el objetivo final y primordial de este proyecto siempre es el ahorro económico, pese a que desde la Consejería de Sanidad se pretenda argumentar lo contrario”. “Se crean para reducir costes económicos en el sistema sanitario de una manera velada y en la sombra, de modo que ese recorte no tenga un coste político para los responsables de la Consejería de Sanidad y de Sacyl”, denunciaron.

Satse recuerda que “es importante ser eficientes en el gasto público, pero no a cualquier precio” y no “de este modo tan escasamente transparente”. “La Orden de creación de estas unidades no dispone de una memoria económica que realmente señale lo que implica económicamente este proyecto para el Sistema de Salud”, sentenció el sindicato para denunciar que, además, las unidades se han implantado “de espaldas a los profesionales y sin información alguna”.