El Servicio de Atención al Cliente de Cajamar asegura que “el seguro es una condición negociada para lograr que se aprobase la operación por parte de los analistas responsables, dado que el seguro de vida se establece como un elemento de seguridad y tranquilidad para usted y los suyos, pues en el caso de sobrevenir una contingencia, no deseable por nadie, permite que queden cubiertos los compromisos de pago con la Entidad con un pequeño esfuerzo económico anual, lo que es en su beneficio”.
Asaja le recuerda a Cajamar que la reclamación genérica que en su día efectuó la organización agraria, y la que han efectuado los afectados a título personal, se basa en la especificada de este tipo de préstamos, sujetos a un convenio con la consejería de Agricultura, cuyas cláusulas no se han cumplido. El argumento de Cajamar, de servir el seguro para garantizar la operación, "se cae por su peso ya que la operación de riesgo está cubierta por la empresa pública SAECA, aportando para ello el cliente las garantías que se le exigieron", considera Asaja sin obviar que el convenio firmado entre Cajamar y la consejería de Agricultura establece unas condiciones para estas operaciones que se han vulnerado al obligar a suscribir un seguro de vida que eleva el coste de la operación en varios puntos porcentuales sobre el tipo de interés pactado de Euribor+0,75.
Asaja denunció en su día que determinadas entidades financieras habían condicionado la operación a la suscripción de un seguro de vida por el importe de la operación concedida y por los cinco años de vigencia del préstamo, algo que en opinión de la organización agraria sería ilegal. En este sentido, tanto Asaja como los afectados lo han puesto también en conocimiento de la consejería de Agricultura, la cual por ahora no se ha pronunciado, lo que el sindicato agrario interpreta como "complicidad en la comisión del fraude".
La organización agraria, que asesora a los socios también en esta materia, prepara ya la reclamación ante el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, como paso previo al inicio de otras actuaciones judiciales si fuera el caso.