González Pereda ha explicado que se trata de una ley pionera en España, "sustentada en derechos y no en asistencialismo". El objetivo final será la inclusión social a través de políticas de empleo.
Otra de las novedades de la nueva normativa es cu carácter de instrumento permanente, "va a dejar de aplicarse solo en momentos de crisis", ha sostenido Pereda. De la misma manera incluye cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social: servicio integra a familias en riesgo de desahucio, protección económica en situaciones de deuda hipotecaria, prestación económica para alquiler de vivienda habitual y servicio de provisión inmediata de alimentación.
La red de apoyo que se puso en marcha en 2013 atendió, según los datos ofrecidos por los procuradores leoneses, a 190.000 personas en toda la comunidad en 2017 y la previsión para 2018 es de 200.000 personas con un presupuesto de 207 millones de euros. En el caso concreto de la provincia de León, han sido 30.893 las personas atendidas con 33.900.070 millones de gasto realizado.