La Junta de Castilla y León mantendrá las restricciones de acuerdo a la evolución de la pandemia del COVID-19 para llegar al fin del estado de alarma, que decae el 9 de mayo, con la “menor incidencia posible”, ante la posibilidad de que a partir de ese día el Ejecutivo autonómico tenga que llevar las medidas a unas órdenes, basadas en la Ley de Salud Pública, que necesitarán ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Francisco Igea cargó contra el Gobierno de España por no asumir “ninguna responsabilidad” de acuerdo a su forma de entender la corresponsabilidad en la gestión de la crisis sanitaria. Así, censuró que se trabaje un año después de comenzar la pandemia en una guía de recomendaciones de medidas en función de la incidencia, a la que se refirió como un “manual de bolsillo”. “Alabado sea Jesucristo”, dijo, para añadir que esto es una “tomadura de pelo”.
Igea insistió en que el Gobierno no puede mantener esta actitud, porque criticó que los “reyes de la cogobernanza”, como se refirió a los miembros del Ejecutivo central, lleven ante los tribunales a las comunidades “de pobres” que legislan, mientras a su juicio los catalanes pueden hacer “lo que le parezca”. De esta forma, molesto con la situación, recordó que el Tribunal Constitucional ha suspendido una parte de la Ley gallega que obligaba a vacunarse contra el COVID-19 y que las comunidades no son competentes para limitar los derechos fundamentales con su normativa, como recordó ocurrió con el adelanto del toque de queda.
Por tanto, el vicepresidente rechazó trasladar la “irresponsabilidad” del Gobierno de no plantear ningún marco normativo ante el fin del estado de alarma a la Junta, que insistió continuará con las medidas restrictivas y la “responsabilidad” para si llegado el 9 de mayo se quedan sin el amparo legal de esta figura constitucional, tener la menor incidencia posible de COVID. No obstante, advirtió de que esta es la posibilidad actual, debido a al “cambiante” política del Gobierno, “si es que existe tal cosa”.
“Estamos navegando cómo podemos”, reiteró Francisco Igea, quien criticó que mientras unos no asumen “ninguna responsabilidad” llevan ante los tribunales a los que toman una decisión. Por ello, rechazó que la Junta tenga un plan alternativo al fin del estado de alarma, porque afirmó que es “absurdo” pensar que la Comunidad puede restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.