La empresa quiere destacar que “la sentencia sólo alude a un error en la tramitación de un expediente administrativo y que en ningún caso se refiere a ninguna deficiencia de carácter técnico o medioambiental de la instalación, ni a ningún riesgo para la salud de los trabajadores o vecinos del entorno. De hecho, la sentencia sólo refleja que se debería haber llevado a cabo una tramitación diferente cuando solicitó la AAI con motivo de un incremento de la capacidad de producción ocurrido en el año 1999.”
Según el director de la fábrica, Jaime Santoalla, “la ley recoge alternativas para subsanar errores de esta índole y existen opciones que nos permitirán continuar con la actividad hasta regularizar la situación. Así, entendiendo la sentencia como firme y acatándola, como no podía ser de otra forma, presentaremos a la Junta un escrito solicitando que nos indique cómo proceder para regularizar la situación con los trámites administrativos necesarios. Confiamos plenamente en las soluciones legales que existen para asegurar que la fábrica se mantiene operativa mientras el nuevo expediente se tramita”.