El Ayuntamiento de Ponferrada firmará este viernes el decreto para cumplir con la sentencia que anula el contrato de FCC

El siguiente paso será constituir la Mesa de Contratación para la nueva adjudicación, que estará integrada por los mismos técnicos que en 2014 además de los nuevos concejales de Hacienda y Medio Ambiente

02 de Febrero de 2017
Actualizado: 08 de Febrero de 2017 a las 16:03
555p La alcaldesa de Ponferrada, Gloria F. Merayo//Mario de la Torre

La alcaldesa de Ponferrada se ha mostrado rotunda con respecto al auto del Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 2 de León por el que se ordena al Ayuntamiento anular la adjudicación del 'macrocontrato' de limpieza de FCC por un coste de 122 millones de euros para los próximos 20 años, asegurando que el Consistorio "cumplirá la sentencia en los propios y estrictos términos que marca la ley".

Gloria F. Merayo adelantó que mañana se firmará el decreto para que se dé cumplimiento a la sentencia del TSJCyL y así poder formar la Mesa de Contratación en aras a la nueva adjudicación del servicio de limpieza, recogida de basuras y mantenimiento de jardines y zonas verdes en la capital berciana. En este sentido, la regidora insistió en que las principales modificaciones que se producirán en este órgano de expertos, integrado por los mismos técnicos que adjudicaron el servicio en 2014 a FCC, será la modificación en relación a los nuevos concejales delegados de Hacienda y Medio Ambiente.

Sin detallar mucho más sobre la licitación del servicio, la alcaldesa subrayó que "se seguirán las instrucciones precisas que marca la propia sentencia".

Ayer mismo se daba a conocer el plazo de 20 días que el Juzgado otorgaba al Ayuntamiento para cumplir la sentencia emitida. El pasado octubre, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ya ratificó la sentencia por la que se anulaba la adjudicación a FCC del 'macrocontrato' de limpieza viaria, recogida de basuras y mantenimiento de zonas verdes de Ponferrada. Con ello, se daba la razón al recurso presentado por la empresa Urbaser por defectos de forma en el contrato adjudicado durante el gobierno del bipartito, al tiempo que se condenaba al Ayuntamiento ponferradino a retrotraerse al proceso de adjudicación del servicio en menos de dos meses, algo que deberá hacer ahora en un plazo menor de 20 días tras la demora.