Pese a que la Junta de Gobierno Local de entonces denegara a Canedo la licencia solicitada, el exalcalde procedió a su construcción igualmente y sólo presentó en el Consistorio una declaración responsable para derribar las obras realizadas y reponer el terreno a su estado original tras perder la alcaldía que mantuvo bajo las siglas del PP durante cuatro años, desde el 2011 hasta el 2015.
Al respecto, la nueva Junta de Gobierno Local de Cacabelos fijó un plazo de seis meses para iniciar las obras, que deberían estar concluidas en un máximo de dos años. Por su parte, la Guardia Civil realizó una inspección en la parcela en cuestión, por orden del juzgado, y constató que la finca aún se encuentra asfaltada, sin que se aprecie “ningún tipo de reposición topográfica al estado original de la misma”.
Según establece el Código Penal, la pena para este tipo de delitos puede oscilar entre el año y medio y los cuatro años de prisión, además de multas de entre doce y veinticuatro meses. A ello se suma la pena de inhabilitación especial por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizadas o en espacios considerados de especial protección.