En ese sentido, el Instituto explicó en un comunicado que este Plan del Gobierno se acoge a una excepción de la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea (DEI) que permite a los ejecutivos eximir a algunas instalaciones de combustión de los valores límites de emisión vigentes, de forma excepcional, entre enero de 2016 y junio de 2020.
Asimismo, la demanda pide la nulidad de pleno derecho del Plan ya que considera que debería haberse sometido a Evaluación Ambiental Estratégica antes de su aprobación.
“La proximidad de las instalaciones exige evaluar los impactos en el entorno, ya que la contaminación producida podría tener un impacto significativo en el medio ambiente”, señaló esta entidad, que recordó que las térmicas son las principales emisoras de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, y una de las causas principales del cambio climático.
“Este Plan no responde a las exigencias del Estado de Derecho", afirmó la directora de IIDMA, Ana Barreira. "El Gobierno no puede adoptar un plan que no respeta el marco normativo vigente puesto que no lo sometió a Evaluación Ambiental Estratégica ni cumplió con otros requisitos de nuestro ordenamiento”, añadió.
“Hay que tener en cuenta que las centrales térmicas incluidas en dicho plan son uno de los principales focos de CO2. Es imperativo comenzar la descarbonización de nuestro modelo energético y diseñar un plan de abandono progresivo del carbón y cierre de las centrales. El Gobierno debe tomar medidas urgentes para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París y unirse a los países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Portugal o Italia, que ya han anunciado que dejarán el carbón entre 2025 y 2030”.
“Las emisiones están afectando a la salud de los ciudadanos, dañando el medio ambiente y empeorando los efectos del cambio climático. Las decisiones a corto plazo deben ser coherentes con los compromisos internacionales de España, o de lo contrario habrá graves consecuencias", explicó la abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Carlota Ruiz-Bautista.
A pesar de todo, censuró que el Gobierno haya anunciado recientemente la elaboración de un Real Decreto para proteger a las centrales térmicas del cierre.