El acusado se enfrenta a una pobible pena de cárcel de hasta 27 años, según la solicitud de la acusación particular, que reclama 22 años por el delito de asesinato y cinco por el de robo con violencia. La fiscal mantiene su petición de pena de 20 años por un delito de asesinato y cinco más por el de robo con violencia, mientras la defensa reclama la absolución.
Carlos S. Campillo / ICAL