El Juzgado de lo Penal abrirá juicio oral por la agresión al alcalde de Cacabelos

El interventor ha reconocido los hechos pero el juicio rápido celebrado este lunes en Ponferrada acaba sin conformidad y el proceso continuará en el Juzgado de lo Penal

28 de Marzo de 2016
Actualizado: 04 de Abril de 2016 a las 09:19
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Sergio-Álvarez
Sergio-Álvarez
El Juzgado de lo Penal de Ponferrada abrirá juicio oral por la presunta agresión al alcalde de Cacabelos, el socialista Sergio Álvarez, por parte del interventor municipal. Los hechos fueron denunciados el pasado mes de agosto por “intento de agresión e insultos” y este lunes tuvo lugar juicio rápido en el Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción número 7, en la que la defensa no ha admitido la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y dejará que el proceso siga por lo penal.

“Hay juicio rápido por la agresión que en ese momento sufrió el alcalde”, explicó el abogado de la acusación Jorge Ordiz, que puntualizó que el interventor ha reconocido los hechos y que el Fiscal propone una pena que el acusado tenía la posibilidad de admitir o no admitir, dando continuidad al proceso en el Juzgado de lo Penal.

Ordiz recalcó que el interventor admite que es verdad la agresión y por parte de la defensa se argumenta que en ese momento “no era imputable por circunstancias médicas”. El letrado recordó que los hechos tuvieron lugar el pasado agosto en el despacho de Alcaldía y que el acusado dio tres empujones al regidor aunque no le causó ningún tipo de lesión. “Se le pidió una información, se negó, y ante una nueva petición reaccionó de esta manera tan extraña. Era un simple informe”, apostilló.

La acusación se sumaba a la petición del Fiscal y “sin pretender hacer mayor daño”, ya que el interventor solicitó traslado y le ha sido concedido al Ayuntamiento de Fabero. “Eso pacifica la situación”, recalcó Jorge Ordiz. Por su parte, el abogado defensor , Pedro López, entiende que se trata de una “falta leve” y recordó además que existe otra denuncia por parte del interventor contra el alcalde por “prevaricación administrativa”, al negarse a su incorporación a su puesto tras solicitar el alta médica.