El pasado mayo el fiscal del área de Ponferrada, Jacinto Villalvilla, ya ordenó la investigación de las cuentas del Mundial y la elaboración de una prueba pericial sobre la gestión económica del mismo. La investigación viene motivada por las denuncias que 119 ciudadanos individuales interpusieron en noviembre del año pasado con respecto a la contabilidad y a la gestión del Mundial. Las denuncias tenían que ver, principalmente, con presuntas irregularidades contables pero también ponían el foco sobre la gestión del evento desde una fundación que no ha cumplido con la normativa de las administraciones públicas.
Según el escrito del fiscal, la denuncia se acompañó de la copia de "varios contratos de gestión, patrocinio, colaboración y donación celebrados entre la Fundación de Deportes de Ponferrada y diversas empresas, por los que la Fundación habría percibido diversas cantidades". Entre ellos, un contrato fechado a 3 días del inicio del evento, en que Transportes Urbanos de Ponferrada S.L., "en principio no dedicada a la prestación de servicios financieros", realiza un préstamo de 715.000 euros a la Fundación. El fiscal también hace constar "la existencia de un aval público cuya ejecución se habría hecho depender de los ingresos acreditados por otras vías".
Una plataforma ciudadana acudirá al juicio como acusación popular, mientras que desde agrupaciones como Ponferrada en Común también se ha solicitado que el Ayuntamiento acuda como acusación particular.