Luis Aznar, portavoz del PP de León, ha manifestado que "estamos estudiando con los servicios jurídicos del partido la posibilidad de si podemos ejercer la figura de acusación, que entendemos que sí". Aznar ha explicado que "tanto la dirección a nivel provincial como el grupo municipal creemos que el asunto es grave por las declaraciones del fiscal", por lo que "desde el PP queremos contribuir políticamente a que la investigación avance". A lo largo de este jueves o del viernes los servicios jurídicos darán una respuesta afirmativa o negativa a si el partido puede presentarse como acusación popular y en caso de recibir una afirmativa, el PP se personaría de manera "inmediata".
Tras el escrito del fiscal en el que se solicitaba la investigación de las cuentas del evento y de que el juzgado de Primera Instancia lo admitiera a trámite, una agrupación de ciudadanos ya anunció su intención de presentarse como acusación particular. Incluso el propio Ayuntamiento de Ponferrada podría presentarse como acusación particular si se atendieran a las demandas de Ponferrada en Común, cuyos dirigentes -con grupo en el consistorio tras el 24M- pidieron tomar esta acción.
La investigación viene motivada por las denuncias que 119 ciudadanos individuales interpusieron en noviembre del año pasado con respecto a la contabilidad y a la gestión del Mundial, ciudadanos que en su mayoría conforman esa acusación particular anteriormente citada. Las denuncias tenían que ver, principalmente, con presuntas irregularidades contables pero también ponían el foco sobre la gestión del evento desde una fundación que no ha cumplido con la normativa de las administraciones públicas.
Según el escrito del fiscal, la denuncia se acompañó de la copia de "varios contratos de gestión, patrocinio, colaboración y donación celebrados entre la Fundación de Deportes de Ponferrada y diversas empresas, por los que la Fundación habría percibido diversas cantidades". Entre ellos, un contrato fechado a 3 días del inicio del evento, en que Transportes Urbanos de Ponferrada S.L., "en principio no dedicada a la prestación de servicios financieros", realiza un préstamo de 715.000 euros a la Fundación. El fiscal también hace constar "la existencia de un aval público cuya ejecución se habría hecho depender de los ingresos acreditados por otras vías".