El presidente de la CHMS es partidario de la demolición de la presa de San Facundo

La retirada tendría un coste de unos dos millones de euros, similar al que supondría el mantener la infraestructura y vaciado de los lodos

24 de Enero de 2019
Actualizado: 28 de Enero de 2019 a las 14:14
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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, se muestra partidario de la demolición de la presa del Real, ubicada en San Facundo, y que abastece de agua a Bembibre  desde mediados de los años 80. Así lo puso de manifiesto en el programa La Tertulia -que emite los miércoles por la noche La 8 Bierzo-, aunque reconoció que existen dificultades presupuestarias para acometer esta obra que implicaría poner fuera de servicio el embalse y retirar infraestructura y lodos, con una inversión en torno a los dos millones.

El informe realizado por los técnicos de la CHMS hace cuatro años advertía ya del riesgo que suponía mantener la presa en las condiciones actuales (colmatada de lodos al 80% de su capacidad) y proponía cuatro posibles soluciones que van desde esa demolición total a su puesta en servicio y vaciado de los lodos. Si se optase por dejarla fuera de servicio las alternativas serían una demolición total del muro y la retirada de lodos con un coste cercano a los dos millones - de unos 1,48 millones de euros más IVA- o, por otro lado, abrir un hueco en el muro con las dimensión suficiente para que no haya problemas en caso de avenida y proceder a la retirada de los lodos con un gasto de 1,32 millones. En este último caso, sería necesario llevar un seguimiento durante varios años, lo que se traduciría en un coste añadido.

En cuanto a la opción de ponerla en servicio, los técnicos proponían el mantenimiento de la estructura actual y vaciado de la presa con una inversión similar a demolerla, algo más de dos millones de euros, o hacer un recrecido de la presa en cinco metros -actualmente tiene 19 metros- y sellar los lodos actuales, para lo que serían necesarios más de 1,7 millones de euros. Dentro de estas dos opciones estarían incluidos los 310.000 euros que costaría el plan de emergencia y el plan de explotación, necesarios para regularizar su situación como gran presa, al tiempo que conllevaría un gasto anual de 60.000 euros anuales para el mantenimiento y seguimiento de la explotación de la infraestructura.