El Procurador del Común da la razón al Ayuntamiento de Ponferrada en el cierre al tráfico de la calle Valle del Silencio

El concejal Santiago Macías ya explicaba que el coste para cambiar las baldosas de la calle era de 12.000 euros anuales y el cierre de la misma se estableció en el PGOU de 2007.

27 de Enero de 2014
Actualizado: 09 de Marzo de 2015 a las 19:51
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El Procurador del Común ha remitido al Ayuntamiento de Ponferrada su resolución acerca del expediente de queja concerniente al cierre al tráfico de vehículos de la calle Valle del Silencio, en la zona alta de la ciudad, presentada por un colectivo vecinal. El escrito, firmado por el Procurador del Común, Javier Amoedo Conde, reza que:

“Una vez analizado el motivo de la queja, no se detecta en los hechos que en la misma se exponen ningún tipo de irregularidad achacable a la actuación de ese Ayuntamiento que requiera una decisión supervisora del Procurador del Común de Castilla y León. En consecuencia, se procede al archivo del expediente y así se lo comunicamos a los reclamantes, lo que ponemos en su conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo.

Le agradecemos sinceramente la información facilitada en la convicción de que la eficaz colaboración entre las instituciones es imprescindible para cumplir el papel de servicio público que tenemos encomendado, y aprovechamos la ocasión para transmitirle un cordial saludo”.

Dicha contestación deriva de la queja, que el pasado mes de noviembre, emprendieron los vecinos de esta calle después de que se instalaran en ella los bolardos que evitan el acceso al tráfico rodado.
Sin embargo, esta medida ya entró en vigor en el año 2007, cuando a causa de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se cerraba el acceso al tránsito rodado en la calle Valle del Silencio, que cuenta con aproximadamente una veintena de locales, y que impedía el desarrollo de la actividad de carga y descarga.

Además, el edil de mantenimiento urbano, Santiago Macías, explicaba que cambiar las baldosas para el tráfico rodado suponía un coste de 12.000 euros anuales para las arcas municipales.