El PSOE pide trasladar a los tribunales las "amenazas indirectas" de Urbaser sobre la resolución del 'macrocontrato' denunciadas por Merayo

Los socialistas recuerdan que el concejal de Medio Ambiente rompió la disciplina de voto ante la posibilidad de tener “problemas personales”

22 de Junio de 2018
Actualizado: 27 de Junio de 2018 a las 17:26
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El PSOE de Ponferrada instó a la alcaldesa de Ponferrada, la popular Gloria Fernández Merayo, a “trasladar a la autoridad judicial para que depure responsabilidades” las supuestas “amenazas indirectas” que una de las empresas que optó a la licitación del 'macrocontrato', Urbaser, habría ejercido sobre funcionarios municipales. “Entendemos que es de la máxima gravedad”, aseguró Ramón al respecto de la denuncia pública hecha este miércoles por Merayo, que acusó a la compañía citada de "estar pasando los límites".

Ramón volvió a denunciar este viernes la responsabilidad del equipo de Gobierno “y muy especialmente de su alcaldesa” en los “retrasos deliberados” acerca del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que en julio de 2016 anuló el contrato del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes de la ciudad. “¡Asuman esa responsabilidad o váyanse!”, espetó el portavoz socialista, Olegario Ramón, que consideró que la regidora “no está en condiciones de exigir apoyo alguno a nuestros concejales cuando ni siquiera tiene el de su propio compañero y concejal responsable de Medio Ambiente”, Roberto Mendo.

Al respecto, Ramón aseguró que Mendo sostiene que si vota lo que pide su propio partido en este asunto podría enfrentarse a algún “problema personal”. “Suponemos que se refiere a consecuencias jurídicas de diverso índole por su decisión”, afirmó el portavoz del PSOE, que remarcó que la alcaldesa “no tiene legitimación alguna” para exigir “el más mínimo compromiso” de parte del grupo socialista.

En ese sentido, el portavoz recordó que, desde que se conoció la sentencia, el PSOE apostó por “explorar la vía de una posible renuncia al contrato por razones de interés público y la asunción de la gestión directa del servicio”. Tras dos años sin solicitar informes al respecto, Ramón recalcó que el PSOE “habría apoyado la realización de los informes si se hubieran realizado en un plazo razonable, en las semanas o meses inmediatamente posteriores a la firmeza de la sentencia”.