Esta reclamación se ciñe a la Ley 40/2007 que estipula que la edad mínima exigida para la jubilación podrá rebajarse en aquellos empleos "cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre".
CGT pretende que el nuevo Gobierno destine los recursos económicos y humanos suficientes para llevar a cabo la aplicación de los Coeficientes Reductores, así como la inclusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida económica necesaria para afrontar las jubilaciones. También reclaman que se realicen los estudios pertinentes para financiar las futuras pensiones que resulten de dichas jubilaciones.