Foto: Víctor AlónEl Procurador del Común sostiene, en un informe, que el sistema educativo actual “colabora, consolida y legitima” la diferenciación social en Castilla y León dado que la presencia de alumnos de etnia gitana es “inexistente” en los centros privados y escasa en los concertados, por lo que aboga por la imposición de ciertas limitaciones al derecho a la libre elección de centro.
Este informe lo realiza el Procurador del Común por el caso concreto del colegio La Puebla de Ponferrada, donde el 100 por 100 de su alumnado es inmigrante, y donde pide a la Junta que actúe de forma activa en el supuesto de que se trate de un caso de segregación escolar, planificando respecto al mismo las estrategias necesarias para recuperar los niveles óptimos de demanda escolar y asegurar la plena integración de los alumnos.
El pasado 16 de febrero, el Procurador del Común ya alertó en un informe a la Consejería de Educación de la necesidad de trabajar para impedir los centros-gueto y el departamento de Fernando Rey tomó buena nota de estas apreciaciones y ha anunciado una estrategia para impedir que se concentren altos porcentajes de alumnos de misma etnia o nacionalidad en ciertos colegios de la Comunidad.
Es evidente, señala el informe, que cada familia tiene sus motivos para elegir un centro pero el efecto conjunto que produce esta opción personal es “la consolidación de un sistema educativo segregado que no asegura la igualdad de oportunidades del alumnado, convirtiéndose para la Administración en una grave responsabilidad política”.
Según explica el Procurador del Común, hay legislación suficiente para definir políticas que combatan la segregación escolar, pero uno de los mayores retos del sistema es conjugar el derecho a la educación de las minorías sociales con el derecho de los ciudadanos a la libre elección de centro y hacer, de tal forma, que el resultado no sea la aparición de guetos.
Por eso, considera que es precisa la imposición de limitaciones al derecho a la libre elección de centro, debidamente proporcionadas, para evitar la concentración de alumnos pertenecientes a minorías éticas, lo que contribuirá a conseguir una distribución más uniforme y equitativa del alumnado entre los distintos centros sostenidos con fondos públicos.
Por ello, deben realizarse también planes específicos para la escolarización de aquellos alumnos y el control sobre el proceso de admisión en los centros para garantizar su transparencia. Además, el Procurador del Común pide que se articule una política de información de la oferta escolar que compense las desigualdades sociales a la hora del acceso.
No obstante, sostiene que todas estas medidas de planificación educativa, control de acceso o de información tendrán que ir acompañadas de mecanismo que puedan incidir en la demanda dado que este tipo de centros generalmente tienden al aislamiento. “La baja demanda del centro o la tipología de familias que asistente al mismo dificultan dinámicas de participación y de colaboración entre familia y escuela. De la misma manera que el aislamiento se proyecto también hacia el exterior y una vez consolidado el proceso de segregación escolar, puede convertirse después en un problema difícilmente reversible”.
En el citado informe, el Procurador del Común pedía el desarrollo por parte de la Administración educativa de una estrategia específica para intensificar los esfuerzos en la lucha contra la segregación escolar, adoptando una política activa que prevea la adopción de las medidas para prevenir situación de agrupación o concentración de alumnado inmigrante o perteneciente a minorías éticas con condiciones socioculturales desfavorecidas y evitar así un sistema educativo segregado que no asegure la igualdad de oportunidades del alumnado.
Asimismo, recomienda que en caso de consolidación de guetos educativos, se proceda al diseño de planes de actuación sobre los centros afectados que minimicen progresivamente su guetización, distribuyendo al alumnado de forma prudente y gradual para igualar, con los apoyos o la implementación de los proyectos educativos necesarios, la calidad de la oferta educativa.