El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 6 meses de cárcel, una indemnización de 2.500 euros para la víctima y tres años de inhabilitación profesional para el profesor del Campus de Ponferrada que acosó sexualmente a una alumna entre los años 2006 y 2008, por un delito de acoso sexual funcionarial, es decir, acoso sexual ejercido por funcionario público.
El Supremo rechaza con esta sentencia firme el Recurso de Casación interpuesto por el condenado y, en consecuencia, confirma y ratifica en todos sus extremos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León de 2018. Previamente, R.G.P., profesor de la asignatura de Instalaciones Eléctricas de la Universidad de León (ULE) en el Campus de Ponferrada, fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº1 de la capital berciana en 2016 a un total de 2 años y medio de prisión, 9 años sin ejercer la función pública y a abonar 6.000 euros a la víctima.
La sentencia dictada ahora por el Supremo considera “fundamental” la declaración de la propia víctima en el acto de la vista oral en la que ha declarado de forma “clara y contundente” en relación con los hechos que se han declarado probados, relatando que mientras fue alumna del acusado recibió varias insinuaciones, haciéndola ver que podría aprobar la asignatura sin estudiar, al tiempo que realizaba manifestaciones de evidente connotación sexual. También declararon otras dos alumnas que sufrieron acoso, si bien por haber sucedido los hechos con anterioridad, estos ya habían prescrito.
Los hechos se remontan a 2006
Los hechos denunciados tuvieron lugar durante los cursos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 en el ámbito de la relación docente-alumna. El acusado R.G.P., funcionario público, con un propósito sexual, se dirigió a su alumna C.G.G. en varias ocasiones cuando estaba a solas con ella realizando comentarios e insinuaciones que sugerían, ante las dificultades de la alumna para aprobar su asignatura, que podía conseguir el aprobado o mejorar sus notas si se prestaba a mantener algún tipo de relación sexual con él.
Con la intención de hacer más notables sus calificaciones, el profesor propuso a la estudiante aumentarle las calificaciones si accedía a cumplir sus intenciones. Tras comunicar la alumna estos hechos en el año 2010, fueron puestos en conocimiento y disposición de la Fiscalía a través de la propia Universidad de León.