Los delitos citados fueron cometidos durante los años 2015 y 2016 en la capital del Bierzo y se trata de unos contratos de compraventa falsos por lo que establece una indemnización de 115.097,95 euros para las víctimas de dicho delito. La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión el acusado y cinco años de prisión para la acusada de los delitos antes mencionados.
Como explica la Fiscalía se trataría de "un plan preconcebido, con el propósito de obtener un beneficio económico ilegítimo y aprovechando las relaciones comerciales que tenían con las distintas personas y dando la apariencia de que los contratos que celebraba eran reales". De esta manera se llegó a estafar a una decena de personas y se firmaron hasta once contratos por el que las víctimas jamás recibieron transacciones económicas a su favor, sino que el único beneficio económico fue en favor de los acusados de sendos delitos.