“A mediados de la semana pasada, la Comisaría de Policía de Ponferrada se dirigió a esta Sociedad, indicando que había tenido conocimiento de que disponía de material sanitario, en concreto mascarillas, y de que debía ponerlo a disposición inmediata de la Sanidad Pública”.
Y en el comunicado reconocen que “efectivamente, disponía de mascarillas de protección contra el polvo, que consumían sus clientes mineros antes de cerrar sus explotaciones, pero que ni era fabricante ni las importaba; sino únicamente compradora para revenderlas a sus clientes. Y que no podía disponer de ellas, al hallarse constituidas en prenda -junto con otro material de protección de minería- a favor de la Seguridad Social, en virtud de un procedimiento contencioso que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como autos 383/2019, además de que se encontraban caducadas”.
La Comisaría indicó al representante de la Sociedad que iba a realizar las gestiones necesarias para obtener la liberación de la prenda y que, no obstante, debían ser ofrecidas; por lo que el representante de la empresa compareció a tal efecto y dejó constancia de que, siempre que fuera autorizada por la Tesorería General de la Seguridad Social o por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no tenía inconveniente alguno en ponerlas a disposición de la Sanidad Pública”.
Además, elevan la cifra de mascarillas a 400.000, y no 158.000 como transmitió Subdelegación del Gobierno.