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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo por las afirmaciones que la senadora del Partido Popular, Esther Gómez, llevó a cabo sobre la búsqueda de personas desaparecidas de la dictadura franquista. El colectivo, que inició la búsqueda científica de personas desaparecidas por la represión franquista en el año 2000, asegura que "con que aprobara primero de básica de derechos humanos aprendería que un representante político de una democracia no puede menospreciar el dolor de personas que han sido víctimas del peor delito que se puede cometer contra un ser humano".
El pasado martes, 5 de febrero, en un debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado, la senadora del Partido Popular, Esther Muñoz, criticando la partida presupuestaria relacionada con la memoria histórica aseguró que el Gobierno pretendía gastar 15 millones de euros “en sacar unos huesos”. En su opinión, se trata de una enorme falta de respeto por los Derechos Humanos y un "trato vejatorio" hacia las víctimas de la dictadura franquista, que todavía esperan a que el Estado cumpla con sus obligaciones en esa materia y les garantice el derecho a dar una sepultura digna a un ser querido.
"Es incomprensible que en una institución como el Senado, enmarcada en la Constitución y en la Convención Europea de Derechos Humanos, se hagan afirmaciones lesivas con las personas que han sufrido el peor delito que se puede cometer contra un ser humano: un secuestro ilegal, seguido de torturas, del asesinato y de la ocultación del cadáver para castigar post morten a la persona a la que se le arrebata la vida y multiplicar el dolor y la incertidumbre de su familia y de su entorno social", denuncian.
Más allá de las discrepancias políticas que son pilar fundamental e intrínseco de una cultura democrática, flanquear los límites de los derechos humanos "vulnera las reglas fundamentales de la confrontación política, ya que son una convención prepolítica, en el sentido de que son derechos de todas y cada una de las personas, independientemente de su ideología".
En esta línea, defienden que "todo ser humano tiene derecho a enterrar dignamente a un ser querido" y recuerdan que, en el caso de las víctimas de la dictadura franquista, "quienes en muchos casos buscan a un ser querido son personas de avanzada edad que viven con mucha angustia el paso del tiempo porque quieren dejar enterrado dignamente a un ser querido antes de morir". "Despreciar a esas personas, faltarles al respeto e ignorar su dolor es una forma de acoso y culpabilización", apostillan.
Así, entienden que una institución como el Senado debería elaborar un régimen sancionador cuando se vulneren ese tipo de derechos fundamentales. Además la Convención contra la Desaparición Forzada Involuntaria de Naciones Unidas, remarcan, ratificada por el Estado español, regula las obligaciones del Estado y de todas sus instituciones democráticas, de proteger y atender a los familiares de personas desaparecidas por causa de la violencia política.
Asimismo, proponen al Defensor del Pueblo la recomendación de que todos los miembros de las Cámaras de Representantes tengan que recibir formación en materia de derechos humanos para que, entre otras cosas, aprendan a distinguir cuáles son los límites del debate político, y no se repitan actos degradantes y de maltrato político por quienes tienen la obligación de defender los Derechos Humanos más allá y más acá de su ideología. "¿Cómo es posible que desde un escaño se agreda verbalmente a personas que reclaman sacar a un padre o a un abuelo de una cuneta para darle el entierro que merece todo ser humano? Se trata de un acto de crueldad que no puede estar soportado por una institución democrática", concluyen.