En una comparecencia que tenía por objeto aclarar la posición de la Diócesis respecto al caso del sacerdote José Manuel Ramos, primer caso de pederastia verificado, reconocido y castigado por la Iglesia católica -a través de la Santa Sede- que trasciende en Castilla y León, Menéndez reitero la “humilde petición de perdón” que el Obispado ya hizo pública cuando se conoció la condena a Ramos. “La iglesia diocesana de Astorga lamenta profundamente estos hechos tan deplorables, moralmente inaceptables e intolerables”, sentenció el prelado.
Respecto al presunto caso denunciado ayer por Emiliano Álvarez, Menéndez apuntó que “cualquier otra denuncia que se reciba se investigará con celeridad y prontitud, respetando los derechos de todos los implicados y con la voluntad de restituir cuanto antes la justicia lesionada por el presunto delito”. En esa línea, el obispo se refirió a las informaciones aparecidas en los últimos días, que apuntan a la existencia de “otros posibles casos”, lo que ha provocado que “se cuestione el modo de actuar tanto de los responsables diocesanos en aquella época como el resultado del proceso penal realizado en la actualidad”.
Menéndez confirmó que los responsables de la Diócesis recibieron ayer mismo la denuncia presentada por Álvarez y adelantó que la investigación preliminar que se abrirá para esclarecer el asunto seguirá los protocolos marcados por la Santa Sede, la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Conferencia Episcopal Española. “Los obispos no tenemos potestad para juzgar estos casos”, subrayó Menéndez.
Nuevos protocolos de actuación
Al respecto, el responsable de la Diócesis manifestó su “firme voluntad de resolver de una vez por todas este grave problema”. Para ello, la Diócesis pondrá en marcha nuevos protocolos de actuación con menores y de prevención dirigidos a todos los agentes pastorales, sean sacerdotes o catequistas. Entre estas medidas, el obispo mencionó la necesidad de solicitar a las personas que vayan a realizar estas labores un certificado que acredite que no tienen antecedentes penales relacionados con menores.
Además, añadió Menéndez, la Iglesia aplicará “con severidad y rigor” la propia normativa canónica y colaborará con las autoridades civiles, informando a las presuntas víctimas de su derecho de presentar denuncia ante estas instancias. Se trata, resumió el obispo, de “poner todos los medios para que estos hechos no se repitan nunca más”. En ese sentido, Menéndez aseguró que “la presunción de inocencia de los acusados no impedirá proceder con severidad en la persecución de tales delitos”.
Recepción a las víctimas
Por otro lado, Menéndez también expresó su “disposición” a reunirse con las víctimas de los presuntos casos y confirmó que ya ha recibido a dos antiguos alumnos del colegio diocesano Juan XXIII de Puebla de Sanabria. El obispo reiteró que atenderá a una comisión de exalumnos del seminario, aunque matizó que el encuentro no podrá tener lugar este sábado, ya que él se encontrará en Ponferrada.
Según avanzó hoy el obispo, la Diócesis ha propuesto a los implicados la fecha del 28 de febrero para mantener la reunión, algo a lo que se habrían negado, explicó. En ese sentido, el Obispado no enviará a ningún representante a la manifestación prevista para el sábado en las calles de Astorga.
Fotos: César Sánchez / ICAL“Profundamente arrepentido”
Respecto a la condena impuesta al expárroco de Tábara (Zamora) José Manuel Ramos, Menéndez recordó que el proceso penal contra él se inició “tan pronto se tuvo noticia de la denuncia”. Tras derogar la prescripción que pesaba sobre el delito, la Iglesia confirmó la decisión de declararlo culpable del delito de tocamientos a menores y lo privó de todo cargo pastoral durante un año.
Además, el sacerdote, que está “profundamente arrepentido”, explicó Menéndez, tendrá que pasar tiempo en una residencia atendiendo a otros sacerdotes mayores, así como realizar obras de caridad y ejercicios espirituales. Tras conocer su condena, Ramos habría pedido la jubilación canónica, que habría sido aceptada por el obispo.
Por su parte, Menéndez consideró la pena impuesta “justa y proporcionada a la gravedad de los hechos”, aunque reconoció que la situación “repercute de manera negativa en la imagen de la Iglesia y causa un gravísimo daño”. El sacerdote, cura de varias parroquias de la comarca zamorana durante 26 años, permanece apartado desde el 1 de julio de 2016.
Posibles encubrimientos
En cuanto a las voces que denuncian que otros sacerdotes del seminario habrían encubierto los delitos perpetrados por Ramos, Menéndez aclaró que en el proceso que se siguió contra el párroco se llamó a testificar a otros sacerdotes que el mismo denunciante comunicó que podrían ser responsables de ese encubrimiento. “Está en los autos”, admitió el obispo, que aseguró que “la Santa Sede no vio indicios de delito”.
En la misma línea, el obispo confirmó que durante el proceso no constó que el denunciante pidiera un resarcimiento económico y adelantó que la Diócesis no puede ejecutar esa compensación sin una base legal. “Sería malversación de fondos”, resumió.