La Diputación de León pedirá un crédito a largo plazo para abonar la deuda de Gersul "sin que repercuta en el bolsillo de los contribuyentes"

Álvarez Courel recordó que los representantes del Consejo Comarcal se opusieron a la aprobación del último presupuesto del consorcio y comprometió el apoyo de la institución comarcal al “desbloqueo de la situación a futuro”

07 de Noviembre de 2019
Actualizado: 10 de Noviembre de 2019 a las 12:13
Antiguas oficinas de Gersul en Ponferrada / InfoBierzo

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, y el de la Diputación de León, Eduardo Morán, se han reunido este jueves con el objetivo de reafirmar el compromiso entre ambas instituciones. Ambos dirigentes hablaron de la deuda que debe afrontar el consorcio provincial de recogida de residuos (Gersul). Según Morán, la “situación heredada” se remonta al año 2009 y la “desidia” de los sucesivos equipo ha provocado la acumulación de una “cantidad brutal de deuda”, motivo por el cual la Diputación pedirá un crédito a largo plazo para evitar, en la medida de lo posible, que la medida repercuta en el bolsillo de los contribuyentes.

Sin embargo, avanzó el presidente provincial, será necesario ajustar la tasa, que en la actualidad se sitúa en niveles que provocan un déficit anual de más de dos millones. Pese a que el compromiso con la UTE que lleva a cabo el servicio tiene vigencia para cuatro años más, Morán se comprometió a buscar la “fórmula adecuada” para la gestión del consorcio.

Por su parte, Álvarez Courel recordó que los representantes del Consejo se opusieron a la aprobación del último presupuesto del consorcio y comprometió el apoyo de la institución comarcal al “desbloqueo de la situación a futuro”. “Que esto no vuelva a suceder”, remachó.

El pasado 11 de octubre los alcaldes de Ponferrada, León y San Andrés del Rabanedo sellaron con la Diputación un "compromiso firme" para buscar soluciones al consorcio que gestiona la recogida de residuos sólidos en la provincia, Gersul, a cuya adjudicataria se adeudan 23 millones reconocidos judicialmente que podrían crecer en entre cuatro y nueve, según posibles procesos y acuerdos pendientes.