La recaudación de los dos tributos propios creados por la Junta de Castilla y León para gravar las afectaciones ambientales estuvo marcada el año pasado por la parálisis de las centrales térmicas, como la de Compostilla y Anllares, y el retraso en la aprobación del impuesto sobre la central nuclear de Garoña.
Los fondos que recaudó el Ejecutivo autonómico por el Impuesto sobre la afección ambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, los parques eólicos, las centrales nucleares y las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión; y por el gravamen sobre la eliminación de residuos en vertedero ascendieron a 72,4 millones de euros, lo que supone 12,6 millones por debajo de lo presupuestado en las cuentas de la Junta de 2018.
Un informe del Ministerio de Hacienda sobre impuestos propios de las comunidades autónomas, revela que la Junta recaudó el año pasado, a través del impuesto sobre afección medioambiental, 64,1 millones de euros, cuando en las grades cifras de la Comunidad para el ejercicio previó más de 74, es decir, consiguió 9,9 millones menos de lo previsto.
Fuentes del departamento que dirige Pilar del Olmo, explicaron a Ical, que cuando se hizo la estimación de ingresos se incluyó una recaudación anual de diez millones por el desmantelamiento de Garoña, pero sólo se pudo gravar un mes y medio, al posponerse la aprobación de la ley por las Cortes hasta noviembre.
En este sentido, cabe recordar que la normativa que emanó del Parlamento autonómico en el tramo final de 2018, elevó las cuantías previstas inicialmente hasta los 15 millones anuales de recaudación. Un tributo sobre el almacenamiento temporal de residuos que recurrió Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, por una duplicidad con otro gravamen nacional, que ha obligado a abrir un proceso de negociación con el Gobierno, para resolver las discrepancias manifestadas en relación al impuesto.
Asimismo, el documento del Ministerio de Hacienda, indica que la Junta recaudó el año pasado por el impuesto sobre eliminación de residuos, un montante de 8,2 millones de euros, cuando en los presupuestos de la Comunidad para el ejercicio, se calculó unos ingresos de once millones. Es decir, se produjo una desviación de alrededor de 2,8 millones de euros.
En este sentido, desde la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, destacaron a Ical, que las centrales térmicas “no quemaron nada” durante el ejercicio, y por eso se produjo una reducción de los residuos a gravar por este impuesto.
Compostilla y Anllares
En El Bierzo la parálisis de actividad de centrales térmicas se ha visto materializada en Compostilla (Cubillos del Sil) y Anllares (Páramo del Sil).
La central de Anllares se desconectó el pasado 1 de diciembre de 2018, tras la autorización de cierre emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica a Naturgy. La térmica de Páramo se convirtió así en la primera clausurada en el Plan de Descarbonización del Gobierno, que prevé cerrar nueve de las 14 centrales de producción eléctrica con carbón que hay en España antes de junio de 2020.
Por su parte, Endesa presentó el 19 de diciembre de 2018 ante el Gobierno la solicitud formal de cierre de la central de Compostilla, asegurando que seguirá operativa hasta el 30 de junio de 2020. Fuentes de la compañía afirmaron en ese momento que la central irá dando salida progresivamente al carbón que tiene almacenado, así como a las posibles toneladas adicionales que pudiera ir precisando en el futuro en función de las horas de funcionamiento que le permita la evolución del mercado de generación.
Futuro de los trabajadores
Para intentar paliar el desempleo que el fin de las térmicas causará en la Comarca, entre otros, la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación de la Minería 2019-2027 abordó en su última reunión la puesta en marcha de la bolsa de trabajo prevista para los excedentes mineros que se han quedado fuera tras el cierre del sector minero y cuyo formulario de inscripción estará disponible esta semana, según anunciaron.
Los trabajadores de las auxiliares de Compostilla llevan meses manifestándose y pidiendo apoyo a los políticos para que intercedan ante Endesa, al verse fuera de estos planes, en los que no están incluidos los trabajadores de las subcontratas. Por su parte, la eléctrica ha reiterado su compromiso de incluirles en las actividades de cierre y desmantelamiento de la planta de Cubillos, pero estos desconfían al no haber recibido ninguna notificación por escrito al respecto y mantienen desde hace más de un mes una acampada reivindicativa a las puertas de la central.