En el caso de la Comarca, la consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, manifestó que al estar “especialmente azotada por las inclemencias meteorológicas”, se establecerán préstamos de hasta 80.000 euros, con diez años de amortización, de los cuales dos son de carencia. No se exigirá la condición del 50 por ciento de participación de actividad agraria en el IRPF, ni Seguridad Social Agraria, es decir, no se exige el requisito de ser agricultor profesional.
Además, se estudiarán medidas para apoyar a las empresas agroindustriales y a las cooperativas dedicadas a la actividad hortícola y frutícola que no puedan abordar pagos de los contratos estables cuya actividad esté vinculada a la producción de la zona.
Para toda la Comunidad, los apoyos autonómicos y estatales sumarán 80 millones a partes iguales para facilitar préstamos por 920 millones de euros a 40.000 agricultores de Castilla y León. En su conjunto, el plan de apoyo al sector, que este miércoles consensuaron el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad, estará dotado con 145 millones de fondos nuevos, y sus medidas se verán impulsadas a través de un decreto que aprobará el Consejo de Gobierno este mes, para el posterior desarrollo de las órdenes. Asimismo, obligará a renegociar fondos en el trámite parlamentario de las enmiendas parciales de las cuentas de la Comunidad de este año.
La consejera de Agricultura desgranó el acuerdo tras la reunión, y los responsables agrarios, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo; el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palación; y el de La Aliaza UPA-COAG, Aurelio González, dieron la bienvenida a las medidas de liquidez, pero advirtieron de que no renuncian a conseguir más apoyos, sobre todo a través de ayudas directas, lo que puede llevarles a la movilización en un futuro en un año “catastrófico”.
Milagros Marcos precisó que los préstamos de 40.000 euros tendrán cinco años de amortización, de los cuales uno será de carencia. Asimismo, la financiación de la totalidad de los intereses y avales se producirá siempre y cuando el beneficiario sea agricultor profesional y tenga suscrito un seguro. Aclaró la consejera que se abre, además, un plazo hasta finales del mes de octubre para que se contrate cualquier tipo de seguro agrario y tener esta consideración a efectos de la cobertura de intereses y garantías. Si no lo tiene, las bonificaciones de intereses serán del 50 por ciento, tanto por parte de la Administración autonómica como estatal.
Condiciones para jóvenes
Marcos también comentó que en el caso de los jóvenes, podrán disponer de hasta 80.000 euros con diez años de amortización, de los cuales dos serán de carencia. El cien por cien de las garantías y de los intereses estarán financiados por el Estado y por la Junta de Castilla y León, respectivamente, si tiene suscrito un seguro, y el 50 por ciento si no lo tiene. En este caso, no se exige el requisito de ser agricultor profesional.
Adelanto de la PAC
Milagros Marcos también anunció que Castilla y León es la única autonomía que ha solicitado a la Comisión Europea elevar el porcentaje de adelantó de la PAC, hasta un 80 por ciento; frente al 50 por ciento que está establecido y su pago en octubre. Asimismo, negocia con las entidades financieras que se adelante su abono al mes de agosto, es decir, tres meses antes de los previsto por la normativa. Esto facilitaría al sector otros 720 millones de euros, para “afrontar con garantías la nueva campaña de siembras”.
Marcos aseveró que la Consejería de Agricultura y Ganadería se empleará, también, en conseguir que se paguen todas las ayudas de la PAC y que no se lleven a cabo penalizaciones por la no aplicación de requisitos específicos vinculados a estas ayudas y a líneas europeas contempladas en el Programa de Desarrollo Rural, flexibilizando las ayudas agroambientales y los requisitos exigidos en los planes de incorporación de jóvenes y mejora de explotaciones agrarias.
Seguros agrarios
Esta batería de medidas para proporcionar ahorro al sector incluye también ayudas a la suscripción de seguros agrarios, incrementando las subvenciones mínimo a un diez por ciento, lo que complementará la ayuda del Estado. Para ello, se incrementa la dotación presupuestaria en 2,5 millones de euros anuales.
El importe destinado para contratar pólizas de seguros agrarios entre el Gobierno de España y la Administración autonómica asciende a 29,1 millones de euros, 27 estatales y 6,7 autonómicos, un 50 por ciento más de lo previsto, dijo. La consejera anunció también el compromiso del presidente de la Junta de “impulsar de forma estructural la política de seguros”, una vez que se conozcan las conclusiones del estudio que elabora un grupo de trabajo sobre el tema en el seno del Consejo Regional Agrario. El reto, llegar al cien por cien de los agricultores (ahora solo la mitad contrata frente a estos riesgos).
Exenciones a regantes
La consejera indicó que el plan también contempla la exención de cánones y tarifas a los regantes en las zonas afectadas por la sequía en Castilla y León, esto es unos ocho millones de euros; y la exención de tasas por servicios agroganaderos en todos los sectores agrarios, lo que supone otros 2 millones de euros.
Además, se incorporarán dos millones de euros en ayudas para el suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos. Estas subvenciones irán dirigidas a la adquisición de equipos móviles de transporte de agua, gasto de energía, construcción de abrevaderos o excavaciones de charcas.
Ahorros fiscales
Marcos recordó también las medidas de ahorro por las que el sector dispondrá de beneficios fiscales como la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las actividades agrícolas y ganaderas, lo que significa más de 38,1 millones de euros (19,8 millones de euros este año). Además, para ayudar al sector a tener liquidez, se aplazarán las cuotas de la Seguridad Social, lo que supondrá más de 200 millones de euros.
Las opas, contentas
El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, consideró un “paquete importante” de medidas en un año “catastrófico” el acordado hoy con la Junta, ya que abarca a todos los sectores y toda la Autonomía. Dujo reseñó que se trata de un acuerdo abierto que no ha dado el carpetazo a la posibilidad de ayudas directas de minimis, a las que no renunció, porque “sería bueno ligarlas al pago de las primeras amortizaciones”, dijo, y no descartó movilizaciones futuras si son necesarias.
Dujo felicitó el adelanto de las ayudas PAC y sustanció que la Junta se comprometió a abonar las ayudas del PDR de 2015 y 2016, para en los primeros meses de 2018, cerrar las del 17 y ponerse al día. Asimismo, dio la bienvenida a los préstamos, aunque “algunos se quedan cortos en el plazo de amortización”; así como a los beneficios fiscales y las bonificaciones y exenciones. “Si Herrera cumple va por buen camino para amortiguar en parte la desgracia que este año no ha llegado del cielo”, sentenció.
Jesús Manuel González Palación también valoró las medidas en un “año horrible” pero consideró el plan “totalmente insuficiente” ante un año como el actual, para anunciar que ya se están planteando movilizaciones para exigir apoyos directos.
Agregó que la situación por la que atraviesan muchas explotaciones es muy delicada y aunque se les otorguen préstamos no podrán amortizar ni siquiera los que arrastran de otros ejercicios. “Nos merecemos un esfuerzo especial porque somos un sector motor para la economía”, resumió.
Aurelio González consideró las medidas “muy positivas” aunque afirmó que los apoyos directos constituyen un “fleco” en el que deben seguir insistiendo. Al respecto, destacó que el acuerdo no está cerrado y aún existe la posibilidad de ligarlas a las amortizaciones de préstamos.
González insistió en que deben seguir incrementando las líneas de ayudas y reprochó al ministerio que aún no tenga asumido el gran problema por el que está atravesando el campo de Castilla y León, no así la Junta. “La cosecha será pero de lo esperado”, dijo, para plantear, por ejemplo, que se acabe con el canon eléctrico que cobran las compañías todo el año a los regantes y se establezcan contratos de temporada para reducir los costes.